Familias venezolanas de los sectores populares, además de resistir día a día, deben evitar la propagación del coronavirus en medio de una emergencia humanitaria compleja. Nicolás Maduro insiste en cumplir con el aislamiento, pero el Estado es incapaz de garantizar el derecho a la alimentación y la eficiencia de los servicios públicos, sobre todo el suministro de agua. El Pitazo cuenta la historia de tres caraqueños que se arriesgan a salir a la calle para buscar el sustento para sus hogares

El 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó estado de alarma en Venezuela luego de que se confirmaran los dos primeros casos de personas contagiadas con COVID-19. Tres días después, el lunes 16, anunció que el país entero entraba en cuarentena como medida preventiva frente a la pandemia. Desde ese día, los voceros del oficialismo insisten en que la mejor forma de evitar la propagación del nuevo coronavirus es el aislamiento social; los únicos establecimientos en funcionamiento serían abastos y supermercados, centros de salud y estaciones policiales. Pero el confinamiento compromete la sobrevivencia de muchas familias, sobre todo, en los barrios de Caracas.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), para el cierre de 2018, determinó que 87% de los hogares en Venezuela formaba parte de la categoría de pobres y 70% de las personas recibían remesas de algún familiar en el exterior. En ese contexto, la propagación de un nuevo virus significa el incremento de la situación de riesgo en que se encuentra la mayoría de las familias.

Leonardo Morantes vive en una zona conocida como Manicomio de la parroquia La Pastora, al oeste de la capital. Cuando apenas comenzaba la cuarentena, gastó cerca de 60 dólares en comida para él, su esposa y su hijo de 14 años. Ese dinero era el producto de meses de ahorro que logró gracias a su trabajo como taxista. Él forma parte de la población que no cuenta con garantías de condiciones laborales como seguro médico o ingresos fijos mensuales. De acuerdo también con la Encovi, para el año 2018, 7 de cada 10 personas se dedicaban a la economía informal. Si Leonardo fuera empleado público, los 60 dólares equivaldrían a nueve salarios mensuales. Tres trimestres de esfuerzo para comer durante dos semanas.


EN MUCHOS BARRIOS HAY UNA PREMISA QUE ES CASI UN IMPERATIVO: O MATA EL HAMBRE, O MATA EL CORONAVIRUS


Para que los alimentos alcancen, la familia de Leonardo se permite solo dos comidas al día. Él esperaba volver salir a la calle la tercera semana de la cuarentena para poder subsistir. Pero además, el confinamiento significa comprar lo que se consiga y no necesariamente lo que se pueda pagar. “Yo normalmente compro en Catia (parroquia Sucre) porque me sale mucho más barato, pero con esta situación no sé, porque ya después de mediodía la policía no deja que nadie esté en la calle y toca resolver con los abastos de la zona”, cuenta.

En muchos barrios hay una premisa que es casi un imperativo: o mata el hambre, o mata el coronavirus. Este taxista lo entiende y sabe que trabajar con una economía fracturada, en un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja en medio de una pandemia será una tarea difícil, pero no tiene opción. Mientras, se refugia en la convicción de que todo es temporal.

Del confinamiento al malestar social

Leandro Buzón, sociólogo y miembro de la ONG Caracas Mi Convive, precisa que en las comunidades que viven en mayor situación de vulnerabilidad hay tres elementos que dificultan el cumplimiento de las medidas preventivas y que, además, incitan el malestar social.

Primero, la imposibilidad de aislarse durante tanto tiempo, sobre todo si es indefinido. “Nadie puede sobrevivir si no sale”, dice. Luego, apunta que todas las actividades se deben hacer durante la mañana, porque luego la ciudad se militariza para hacer cumplir la medida de Nicolás Maduro. Finalmente, la irregularidad e incertidumbre relacionadas a la distribución de alimentos subsidiados por el Estado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). “No hay certeza de la entrega de cajas o pago de bonos”, expresa.

En febrero, el mandatario prometió siete millones de cajas para ayudar a las familias frente al COVID-19. Sin embargo, Edison Arciniega, coordinador de Ciudadanía en Acción, precisó que, hasta el 24 de marzo, solo se habían otorgado alimentos a 19% de las parroquias del país.

La orden de aislamiento además acentúa las desigualdades sociales. Buzón explica: “Se diferencia entre los contagiados, que dicen que son de los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, y los no contagiados. Entonces los de Libertador, por ejemplo, no pueden movilizarse hasta allá y viceversa”. Como consecuencia, enfatiza la paralización de las actividades económicas y la segregación de grupos, lo que convierte una pandemia en una lucha de clases.


LA ENCOVI 2018 DETERMINÓ QUE 87% DE LOS HOGARES EN VENEZUELA FORMABA PARTE DE LA CATEGORÍA DE POBRES. EN ESE CONTEXTO, LA PROPAGACIÓN DE UN NUEVO VIRUS SIGNIFICA EL INCREMENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO DE ESAS FAMILIAS


Lavarse las manos, pero sin agua

No es la crisis económica el único obstáculo en la carrera para impedir la propagación del virus. Aunque aún no se ha desarrollado una vacuna, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mejor forma para evitar el contagio es lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, especialmente antes y después de comer, al llegar a casa y luego de ir al baño.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos emitió un comunicado, el 23 de marzo, en el que se insiste a los Estados garantizar el suministro de agua a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. “La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”, reza el documento.

Bárbara Torres no sabe mucho de Derechos Humanos ni de organismos multilaterales, pero sí sabe que desde hace tres meses no cuenta con agua en las tuberías en su casa en Los Mangos, parroquia La Vega. Cada semana debe hacer cola, como todos sus vecinos, para llenar tobos y botellones cuando llega el camión tipo cisterna de 10.000 litros. La tarea que le compete a la Alcaldía de Libertador es asumida por Jairo Pérez, líder de la comunidad, que media frente al consejo comunal para conseguir agua a las casi 700 familias del sector. Bárbara siempre hace cola durante, por lo menos, una hora y media.

En Caracas, solo 10% de la población cuenta con el servicio de forma continua, de acuerdo con el monitoreo de marzo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.

La OMS recomienda una cantidad de 100 litros diarios por persona para garantizar la higiene, pero esa es la cantidad de agua con la que dispone Bárbara para su familia de tres y debe alcanzar, por lo menos, para cuatro días. Ella conoce las medidas preventivas, utiliza el tapabocas cada vez que sale y al llegar, se enjabona las manos durante 20 segundos y se quita la ropa, pero no puede lavarla porque no tiene suficiente agua. Quedarse en casa es imposible para ella, si obedece la regla, ni ella ni su familia tendrán agua. Confía en que todo estará bien, pero se siente desamparada. “Estamos a la buena de Dios”, dice.

Todos los problemas se agudizan

En Los Rosales, al sur de Caracas, las fallas de la distribución del gas no son nuevas. Vanessa Blanco, habitante del sector, cuenta que el servicio empeoró desde que la competencia de la Alcaldía de Libertador fue asignada a los consejos comunales en 2018. “Cada vez que se acaba el gas es casi un calvario para que los camiones vengan, nosotros no tenemos gas desde inicio de febrero, pero desde enero estamos llamando para que vinieran antes de quedarnos sin nada”, dice.


LEANDRO BUZÓN, SOCIÓLOGO, EXPLICA QUE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LOS BARRIOS DE CARACAS DIFICULTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, SOBRE TODO EL CONFINAMIENTO Y, ADEMÁS, INCITAN EL MALESTAR SOCIAL


Lo que se ha vuelto una norma para Vanessa y sus vecinos se agrava cuando Venezuela, como el mundo, se enfrenta a una pandemia. La respuesta de la compañía siempre fue que los camiones estaban dañados y no había repuestos para ponerlos a funcionar; cuando comenzó la cuarentena, según Vanessa, los encargados de la distribución dejaron de contestar.

Para resistir, Vanessa utilizaba una cocina eléctrica que le prestó su suegra, pero con una fluctuación de la electricidad en la zona, se dañó. Comenzó a comer solo dos veces al día y los gastos por alimentos se incrementaron: “Una de las soluciones también ha sido comprar cosas fáciles de cocinar o que se pueden comer crudas. Consumo muchas ensaladas, pero con la cuarentena no conseguía muchas frutas y vegetales cerca, así que mis compras se iban más por pan, tortillas precocidas, mortadelas y así, pero claro uno gasta muchísimo más dinero y prácticamente mis ahorros ya se me fueron en este mes”.

Si Vanessa tuviera carro podría ir hasta un centro de llenado, pero no tiene forma de trasladar sus bombonas medianas, por eso depende de que el servicio llegue hasta Los Rosales.
La última semana de marzo llegó un camión al sector, fue a las cinco de la mañana y solo estuvo durante 15 minutos. Vanessa no pudo recargar los cilindros. Días después, su tía le prestó una bombona de 10 kilogramos que es una solución, pero ella está segura de que pronto volverá a depender de la ayuda de otras personas, aunque está vez ni siquiera contará con sus ahorros.

Mientras el Gobierno insiste en la cuarentena y aumenta la presencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en Caracas, Leonardo –como la mayoría de las personas de los sectores más desfavorecidos– seguirá disminuyendo las comidas diarias para que rinda el mercado; Bárbara seguirá acarreando agua de la calle a su casa, y Vanessa seguirá esperando por el camión del gas. Todo al tiempo que ruegan por no ser parte de los infectados por el nuevo coronavirus.

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