A pesar del bloqueo del gobierno, desde el 23 febrero de 2019 se multiplicaron los planes de asistencia internacional por parte de diversos organismos y países para frenar la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. No obstante, en las 1.500 toneladas de insumos que han entrado no se han incluido medicamentos para pacientes crónicos, quienes denuncian la crisis desde el año 2014. El número de venezolanos vulnerables ante esta situación aumenta

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36 gandolas bloqueadas y una población a la deriva. A un año del intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, liderado por el presidente encargado Juan Guaidó, se han recibido aproximadamente 1.500 toneladas de insumos médicos y alimenticios, cantidad insuficiente para enfrentar la crisis que atraviesa el país.

De ese total, 900 toneladas han sido entregadas bajo supervisión y maniobra de delegados de Guaidó. El resto es la suma del envío gestionado por organismos como la Cruz Roja Venezolana y la Organización de Naciones Unidas (ONU), además de Rusia y China, aliados de Nicolás Maduro.

No obstante, los cálculos de la ONU indican que más de 7 millones de personas, aproximadamente 25% de los venezolanos, están en condición de vulnerabilidad hoy día. Feliciano Reyna, director de la asociación civil Acción Solidaria, teme que este número aumente durante 2020.

Pese a que el 23 de febrero de 2019 los primeros camiones no entraron por el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta al poblado de Cúcuta con San Antonio del Táchira, después del hecho se multiplicaron los planes de asistencia.


APENAS CERCA DE 3 MILLONES DE VENEZOLANOS, CASI 10% DE LA POBLACIÓN, HAN SIDO BENEFICIARIOS DE LOS ESQUEMAS DE ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO


Cuando Guaidó, en su rol de presidente de un interinato que en paralelo buscaba el apoyo militar para completar su propósito, afirmó que “la ayuda humanitaria entra sí o sí”, hizo que se cuestionara la iniciativa desde las ONG con formación en el tratamiento de asuntos humanitarios. Del mismo modo, instituciones de tradición en la implementación de respuestas humanitarias como la Cruz Roja y la ONU, advirtieron que este tipo de afirmaciones desvirtúan su propósito de la asistencia humanitaria.

En el derecho internacional humanitario se establece que “neutralidad, imparcialidad e independencia” son los principios fundamentales de la actuación en casos de emergencia o crisis como la venezolana, determinada por un largo conflicto político.

Aunque el esfuerzo del 23 de febrero llevó la discusión sobre la necesidad del ingreso de insumos a las más altas instancias del poder político, el único logro visible de esa pugna fue la primera coincidencia entre chavismo y oposición en años, con la admisión de la emergencia humanitaria.

Este reconocimiento de la crisis, no se ha visto reflejado en una atención adecuada en cantidad, fluidez y oportunidad para la población más urgida. Apenas cerca de 3 millones de venezolanos, casi 10% de la población, han sido beneficiarios de los esquemas de entrega de material médico que sigue sin incluir tratamientos para padecimientos crónicos, según reflejan las mismas instituciones comprometidas en el ingreso y distribución de los insumos.

Punto de no retorno

La estrategia fue uno de los puntos de honor del entonces recién juramentado presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien el 23 de enero de 2019, en un multitudinario acto en el este Caracas, asumió competencias del Poder Ejecutivo. Un mes después, el reto de habilitar un canal humanitario se tornó en una épica que pretendía dar respuesta a un reclamo que la sociedad había realizado desde el año 2014.

Aquel 23 de febrero de 2019 la ayuda no entró. En medio de un inédito despliegue militar y de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado en la frontera con Colombia, fue quemado gran parte del cargamento que iba en 2 de los 36 camiones dispuestos para trasladar los suministros del auxilio internacional, donados por Chile, Estados Unidos, Argentina y la Unión Europea.

Ese hecho se convirtió en un hito no solo en la agenda de Guaidó, sino que representó un punto de no retorno, que derivó en el reconocimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro de la emergencia humanitaria compleja.

Esto se evidenció el 11 de abril de 2019, con la firma de un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que permitió la posterior entrada de medicamentos, material médico, plantas eléctricas y suplementos alimenticios.


EL PASADO MES DE JULIO LA ONU SOLICITÓ 223 MILLONES DE DÓLARES PARA COMPLETAR LA ASISTENCIA HASTA FINALES DE 2019


30 camiones

Con la quema de parte del cargamento de ayuda humanitaria administrada por la AN no se detuvo el trabajo, promovido por Guaidó, para entregar los donativos. De acuerdo con el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, la tarde de ese mismo 23 de febrero entró por la frontera con Brasil parte unas 50 toneladas de insumos en dos camiones.

En total, entre febrero y diciembre de 2019 fueron repartidas 900 toneladas de asistencia, reveló Lester Toledo, coordinador internacional para la ayuda humanitaria. Los suministros, equivalentes a 30 camiones, sirvieron para atender a 814.000 personas en 14 estados del país.

Toledo reconoció que el traslado del material se hizo de forma irregular, mediante el contrabando. Además, informó que en la carga solo se incluyeron medicamentos esenciales, kits médico quirúrgicos y complementos vitamínicos.

“Son 900 toneladas que se han repartido a más de 800.000 personas. Sabemos que es poco para los millones de venezolanos que padecen la emergencia. Pero es una muestra de que continúa el esfuerzo”, resaltó.

El funcionario, que tiene a su cargo el centro de acopio de la ciudad de Miami en Estados Unidos, detalló que la principal debilidad para aumentar la distribución es operativa. Al no poseer el control de las aduanas y puertos del país se dificulta el despacho del material que reciben en donación de algunos de los 54 países que reconocen a Guaidó como presidente interino.

El despacho de esta ayuda y su entrega se coordina con organizaciones de la sociedad civil en jornadas de médicas y alimenticia. Toledo prefirió no revelar nombres de los involucrados para evitar eventuales represalias o confiscaciones.

Datos cruzados

El 29 de marzo de 2019, Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, anunció que habían logrado un convenio con el gobierno de Nicolás Maduro para el ingreso de ayuda humanitaria, distribuida por la Cruz Roja Venezolana (CRV).

El acuerdo fue formalizado con la firma del documento en el Palacio de Miraflores casi dos semanas después y materializado en menos de una semana. La diligencia en la gestión delató que el trabajo se había efectuado con antelación, como después confirmó Mario Villarroel, presidente de la CRV.


900 TONELADAS HAN SIDO ENTREGADAS BAJO SUPERVISIÓN Y MANIOBRA DE DELEGADOS DE GUAIDÓ. EL RESTO FUE GESTIONADO POR LA CRUZ ROJA VENEZOLANA, LA ONU, ADEMÁS DE RUSIA Y CHINA, ALIADOS DE MADURO


En el pasado mes de enero, durante los festejos por el 125° aniversario de la fundación de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, Villarroel adujo que desde el año 2018 la institución trabajó en el diseño de un plan de respuesta humanitaria que, debido a los estatutos de la organización, ameritaba del beneplácito de Maduro, al ser el gobernante en funciones.

Gracias a este arreglo, la CRV ha recibido 182 toneladas de insumos entre abril de 2019 y febrero de 2020. Los cargamentos, traídos en siete lotes, han sido usados en la atención de 610.834 personas en las 24 entidades del país. Aunque de esos, menos de la mitad fueron atendidos por requerimientos de salud, admitió Hernán Bongioanni, jefe de operaciones y asistencia de la CRV.

Los insumos se han repartido en jornadas itinerantes de salud y de forma directa en 65 centros de salud pública, 8 hospitales y 32 ambulatorios manejados por la organización, precisó.

“Nada más en el área de salud se lograron asistir a 295.152 personas, fundamentalmente en 2 campos. En lo atinente a salud en emergencia, con atención prehospitalaria y la entrega de plantas eléctricas. Así como actividades de prevención de enfermedades transmitidas por vectores”, expuso.

El resto de la atención se divide entre programas de saneamiento de agua, una de las deficiencias que notaron más afecta a la población, y charlas de prevención sobre el cuidado de la salud e higiene personal, con los que llegaron a 252.283 beneficiarios y otros 100.000 más en el abordaje de problemas de otra índole.

ONU para todos

La respuesta humanitaria más multidisciplinaria es la que ha implementado la ONU. El organismo multilateral tiene un trabajo de campo desde el año 2016, cuando las consecuencias por la prolongada escasez de medicinas llegaron su punto más álgido desde 2012.

En diciembre de 2018 la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) incluyó a Venezuela por primera vez en su historia dentro del presupuesto para el año 2019.

Con esto, se sentó un precedente que puso de relieve en la comunidad internacional las dimensiones de la escalada de la crisis de salud venezolana. Esta adhesión implicó, paralelo a la solicitud de mayores recursos, un tratamiento diferenciado para los venezolanos víctimas de la emergencia y la unificación de los esfuerzos de la ONU para mejorar la atención.

En julio, la Ocha solicitó 223 millones de dólares para completar la asistencia hasta finales de 2019. El monto sería incorporado al Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU. Este programa estableció como prioridad la atención en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia.

Con esos recursos se reforzaría la atención en las áreas de salud, migración agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, nutrición, protección, alojamiento y educación de las 771.697 personas que la ONU se planteó asistir entre julio y diciembre de 2019.

La proyección del organismo es atender en este primer ciclo a 2,6 millones de venezolanos, de los cuales 1,2 millones son niños o adolescentes. El número se obtuvo luego de que se determinara que más de 7 millones de venezolanos están en riesgo por deficiencias en el acceso a servicios de salud y alimentos.

Ensalada rusa

“Aquí no hay crisis humanitaria. Tenemos para alimentar a tres países”. Con esas palabras la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez negó la emergencia humanitaria. La expresión fue proferida en agosto de 2017 durante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), treta política con la que el gobierno de Maduro profundizó el choque de poderes que surgió cuando el oficialismo perdió la mayoría en el Legislativo.

Pese a lo dicho por la entonces presidenta de la ANC, los hechos desmentían a la cúpula en el poder. Vía cooperación técnica el gobierno había aceptado desde 2017 la entrada de donativos, principalmente medicinas, de parte de Rusia y China, aliados en la política gubernamental de Maduro.

Solo en 2019, desde antes de que se firmara el convenio con la Cruz Roja Venezolana, Rusia había enviado 7,5 toneladas de medicamentos en calidad de ayuda humanitaria.

En 2018, bajo la fachada de cooperación técnica China había maniobrado la entrega de suministros médicos. La ayuda china y rusa se reparte en los centros tutelados por la Misión Médica cubana, por adjudicación directa en las farmacias oficiales y en la red hospitalaria.

Origen

Feliciano Reyna, director de la asociación civil Acción Solidaria, reiteró que el año que se ha desarrollado el trabajo humanitario en territorio venezolano, no han sido incluidos los pacientes con enfermedades crónicas.

Para el activista esa omisión y la falta de una coordinación de la respuesta humanitaria son las dos principales debilidades que enfrentan todos los modelos diseñados para reducir el impacto de la emergencia.

“Cada quien está trabajando por su lado. Como si atendieran problemas distintos. No hay unidad de criterios para enfrentar los problemas comunes. Se entregan medicinas e implementos básicos, la gente los recibe así no los necesite de immediato. Con eso se desperdician recursos y no se dirige la acción los que más la necesitan”, cuestionó.

Las personas con cáncer, portadoras de VIH, trasplantados y pacientes con enfermedades raras siguen desasistidos. Reyna recordó que ese segmento de la población fue el que desde 2014 alertó a la sociedad sobre las consecuencias del desabastecimiento de fármacos, que desembocó en la evidenciada emergencia humanitaria compleja.

Desde 2012, por las dificultades en el acceso a divisas, los grandes laboratorios transnacionales cesaron operaciones en Venezuela. Una deuda de más de 10.000 millones de dólares forzó la decisión, alegó Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana.

A este déficit en el mercado privado se sumaron las fallas en las importaciones de medicinas de alto costo, competencia exclusiva del Ministerio de Salud por intermedio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La caída en las importaciones afectó del mismo modo al sector alimentario.

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