El Observatorio Venezolano de Violencia determinó que en 2020 fuerzas de seguridad del Estado tuvieron responsabilidad en la muerte de 4.231 personas. Mientras que Provea registra 27.000 asesinatos en Venezuela bajo la figura de resistencia a la autoridad durante la última década

Enero de 2021 culminó con el asesinato de 44 personas a manos de cuerpos de seguridad del Estado durante diferentes procedimientos policiales efectuados en Caracas, Carabobo, Lara, Miranda y Aragua, de acuerdo con datos de El Pitazo.

La mayoría de los muertos eran investigados por estar presuntamente inmersos en diferentes delitos. El uso de la letalidad policial sigue siendo la principal característica de estas movilizaciones armadas, según lo ejemplifican en sus estudios organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que en un informe publicado en diciembre determinó que el año pasado hubo 4.231 asesinatos de parte de cuerpos policiales, mientras que el hampa mató a 4.153 personas.

Con respecto a la cifra negativa que continuó sumando en enero, la coordinadora nacional del OVV, Gloria Perdomo, explicó a El Pitazo que urge la revisión de las políticas de seguridad que cumplen cuerpos policiales. “Entienden su actuación como un combate, usan una lógica bélica para actuar, realizan incursiones con la intención de afrontar una batalla contra territorios, porque no es que van por determinadas personas, si no que se sospecha que realizan incursiones a poblaciones que parecen estar calificadas como enemigas”, dijo.

La especialista en el fenómeno de la violencia en Venezuela hizo referencia al asesinato de 23 personas en La Vega iniciado el viernes 8 de enero, matanza que se extendió durante el fin de semana.


Funcionarios entienden su actuación como un combate, usan una lógica bélica para actuar, realizan incursiones con la intención de afrontar una batalla contra territorios

Gloria Perdomo, coordinadora nacional del OVV

El Pitazo dio cobertura a estos hechos y entrevistó a varios de los familiares de los hombres asesinados. El 11 de enero se publicó el testimonio de la madre del miliciano Wilfredo Naranjo, de 36 años, quien detalló que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) sacaron de su vivienda al hombre con vida y a los días hallaron su cuerpo en la morgue de Bello Monte, el cual presentaba un disparo a corta distancia en el pecho.

También se recopiló el relato de la hermana del adolescente de 17 años, Carlos Hernández, otro de los asesinados de La Vega. Ella aseguró que el muchacho compraba un pedazo de queso justo cuando ingresó la policía a la calle Independencia. Carlos se asustó e intentó correr a su casa, pero fue alcanzado por un proyectil en la espalda.

Edwin Rivas, de 25 años de edad, trabajador de la Maternidad Concepción Palacios, también murió en la incursión de las Faes en La Vega a principios de enero. Familiares, que decidieron mantener su identidad en anonimato, dijeron que los vecinos de La Vega tienen miedo de comentar lo acontecido la segunda semana de enero.

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“La visión de este tipo de intervenciones policiales requiere ser revisada, se debe rescatar e incorporar la política de seguridad con enfoque preventivo que conozca el uso proporcional de la fuerza. La misión más importante de la policía es la persecución de la delincuencia que no genere la muerte de los individuos”, explicó Perdomo.

Peticiones de la ONU en el aire

En 2020 la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, publicó un informe en el que manifestó su preocupación por los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.

El documento reseñó que entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2020 habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, durante operaciones policiales. En ese entonces solicitó al gobierno de Nicolás Maduro la eliminación de las Faes.

En noviembre Bachelet publicó otro informe en el que criticó a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo porque “generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales”.

Actuación que se repite

Una semana después de la masacre de La Vega, el 15 de enero funcionarios policiales asesinaron a 11 hombres en la urbanización Las Palmitas del sur de Valencia en el estado Carabobo, luego de que presuntamente se enfrentaran a las autoridades tras de resistirse a la voz de alto.

Los fallecidos se habrían resguardado dentro de una vivienda para continuar un enfrentamiento armado con policías, lugar donde fueron asesinados. Siete de las muertes se le atribuyen al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tres a Policarabobo y uno a la policía de Valencia.

Desde 2010 hasta agosto de 2020 las fuerzas de seguridad en Venezuela asesinaron a más de 27.000 personas, mayoría de hechos que fueron amparados bajo la figura de resistencia a la autoridad, según datos aportados por la organización Provea.

“El Estado tiene obligación de garantizar seguridad ciudadana, pero no puede convertir a sus funcionarios en delincuentes que actúan al margen de la ley, perpetran todo tipo de delitos y terminan generando más inseguridad. Lo que viene sucediendo es una acción continuada de exterminio que persigue otro objetivo bajo el escudo de la denominada lucha contra la delincuencia”, fue el análisis realizado por el abogado y miembro de la directiva de Provea, Mariano Alvarado, refiriéndose a los hechos ocurridos en La Vega y a otros hechos perpetrados de forma similar.


Se trata de una estrategia para ejercer y reforzar el control social de la población. Para atemorizar, generar la sensación que tú puedes ser la otra víctima y que alzar la voz o exigir derechos te genera riesgo


Marino Alvarado, miembro de la directiva de Provea

Agregó además que se trata de “una estrategia para ejercer y reforzar el control social de la población. Para atemorizar, generar la sensación de que tú puedes ser la otra víctima y que alzar la voz o exigir derechos te genera riesgo”.

Este mes también fue asesinado por las Faes un hombre que era apodado “Masacre” durante un tiroteo ocurrido en El Valle, el cual era buscado por crímenes de extorsión, robo y homicidio.

Otros dos hombres murieron en El Paraíso a manos del Cicpc, eran buscados por pertenecer a una banda criminal cuyo centro de operaciones estaba en Los Valles del Tuy, mientras que en esta subregión mirandina uniformados mataron a José Salcedo, de 20 años, por estar involucrado en dos homicidios.

En el estado Aragua, grupos mixtos de seguridad mataron a dos hombres apodados como “El Gelatina” y el “Viejo Alfredo” por estar presuntamente involucrados en los homicidios de dos policías. Asimismo, en el estado Lara funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mataron a cuatro hombres que también fueron sindicados de matar a dos efectivos policiales.

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