Táchira.- Encapuchados armados irrumpieron en una vivienda en Palmira, municipio Guásimos, en la que durmió María Corina Machado durante dos noches, cuando visitó el estado Táchira, denunció el abogado y defensor de derechos humanos Walter Márquez, este 9 de julio.
En el inmueble, los desconocidos amordazaron a un vigilante, robaron equipos electrónicos y buscaban el camión que movilizó a Machado para quemarlo, pues llegaron con una pimpina de gasolina.
Ocho hombres con armas cortas y capuchas, según Márquez, buscaban evidencia que pudiese comprometer a la dirigente nacional. El vigilante fue amordazado, golpeado, amenazado de muerte y despojado de su radio de comunicación.
El vehículo que buscaban los encapuchados era un camión que le fue regalado a Machado para el resto de la campaña que hace por Edmundo González Urrutia; sin embargo, ya lo habían trasladado para ser usado en otros estados.
Guárico | Seniat cierra venta de empanadas tras visita de María Corina Machado
Además del asalto a la vivienda, cuatro personas que prestaron servicio de catering fueron detenidas por funcionarios de las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Táriba, municipio Cárdenas. Al ser trasladadas a San Cristóbal, las interrogaron sobre actuaciones, reuniones y conversaciones de Machado.
“Les infundieron temor señalando que María Corina era responsable de traición a la patria y todos los que colaboraran con ella también debían ser procesados por ese delito. Les decomisaron todos los implementos de trabajo, detuvieron hasta el otro día en la mañana a los tres mesoneros y a otra persona más, y retuvieron el vehículo hasta ayer 8 de julio”, explicó Márquez.
Afirmó el abogado que lo ocurrido con los trabajadores y el vigilante es crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Rechazó la persecución a dirigentes y la violación de los derechos políticos en Táchira.
Esta denuncia fue presentada por Márquez y la abogada Ana Hernández ante el Ministerio Público; sin embargo, los funcionarios no les querían recibir la denuncia en principio porque exigieron un poder de los demandantes y las identidades de las víctimas y testigos, que fueron protegidas.