Caracas.- Desde hace dos meses y siete días un grupo de familiares desconoce el estado de salud de sus parientes, quienes están detenidos en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy, estado Miranda.
Durante ese tiempo, a los parientes de los detenidos no les han permitido dejarles la paquetería y tampoco alimentos. Aseguran que están cansados de pedir información, pero las autoridades no responden.
En conversación con El Pitazo, un grupo de madres y esposas refirió que estos reclusos, un total de 60, estaban en la Comunidad Penitenciaria de Coro, ubicada en el estado Falcón, y fueron trasladados a la Cárcel Yare III el sábado 14 de diciembre, en el marco de la operación Gran Cacique Guaicaipuro, que desplegaron los organismos policiales y militares.
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“Muchos presentan distintas enfermedades y nos angustia que empeoren. Asimismo, nos preocupa que no se estén alimentando bien, ya que la comida en ese centro de reclusión no es balanceada y tampoco es buena”, denunciaron el 20 de febrero.
Las mujeres dijeron estar desesperadas, ya que a sus parientes no les han permitido llamar a sus allegados. “No sabemos si están bien y es desesperante vivir en medio de esta incertidumbre”, indicó una de ellas.
Las declarantes hicieron un llamado al ministro de Asuntos Penitenciario, Julio García Zerpa, para que se les permita visitar con normalidad a los presos. “Ya los trasladaron a un estado lejos de su lugar de residencia, ahora les prohíben ver a sus familiares. ¿Hasta cuándo tanto castigo?”, se preguntó otra de las personas involucradas.
Otra de las presentes dijo además: “García Zerpa prometió un plan de abordaje que se terminó convirtiendo en un tour turístico, ya que nuestros familiares están siendo movilizados de su estado natal a otros centros penitenciarios, lejos de sus hogares, sin familia y sin acceso a nada”.
Las madres y esposas de los detenidos denunciaron que las autoridades violan constantemente las leyes y los derechos de las personas privadas de libertad. “Exigimos una respuesta; ellos son seres humanos y deben tener un trato digno”, destacó una de ellas a nombre del grupo.
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