Caracas.- Según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el mes de agosto se han registrado al menos 96 protestas en todo el país. La mitad han sido encabezadas por docentes que exigen que se respete la contratación colectiva vigente, el pago del bono vacacional y la derogación del instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que afecta sus ya menguados salarios.
La norma sancionada en 2018 por el ente adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, regula los tabuladores salariales de los trabajadores públicos y establece pautas y criterios para determinar el monto de primas y bonos, tomando como base sus niveles de profesionalización y antigüedad, entre otros.
Gremios y sindicatos de docentes activos y jubilados denuncian que el gobierno disminuyó los montos de las bonificaciones y fijó rebajas salariales, ignorando los distintos porcentajes de cálculos para sueldos según el tipo de personal, grado y nivel, violando acuerdos de las convenciones colectivas vigentes.
Aunque las manifestaciones se han extendido a lo largo y ancho de todo el país, han sido desestimadas por diputados de la actual Asamblea Nacional y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. El parlamentario oficialista Jesús Faría aseguró que las protestas son muy reducidas, mientras que su homólogo, Pedro Carreño, calificó de “perversas” las exigencias de los docentes, tras argumentar que el país no cuenta con los recursos necesarios para cancelar la deuda con el sector, producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y países aliados.
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió a mediados de julio una demanda interpuesta por varias universidades del país en contra del instructivo, pero desestimó la posibilidad de dejarlo sin efecto mientras va a juicio.
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