El ingreso irregular de migrantes a Chile disminuyó un 56 % en lo que va de 2023, afirmó este viernes la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante el balance de su gestión a la cabeza de la cartera de seguridad del Gobierno chileno.
“Hemos desarrollado más de mil quinientos operativos, mil patrullajes, sesenta y cinco mil controles a personas por esta presencia de fuerzas armadas que se incorpora y se suma a los esfuerzos que hace Carabineros; la PDI y funcionarios civiles en nuestras zonas fronterizas”, describió la secretaria de Estado.
Tohá destacó el aumento de recursos destinados a enfrentar la crisis migratoria en la zona norte de país, en especial el gasto en equipamiento y tecnologías en los puntos de observación.
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«Muchas de nuestras instalaciones fronterizas son francamente precarias, francamente peligrosas; y ofrecen un tipo de habitabilidad que no es apropiada para trabajadores y trabajadoras de la policía y de las distintas instituciones públicas”, señaló.
En lo que va de 2023, el 75 % de los ingresos de migrantes irregulares se han efectuado desde las cercanías de Colchane; un pequeño pueblo en el altiplano árido que hace frontera con Bolivia, donde se han reportado una treintena de personas fallecidas en los últimos meses en su intento de cruzar a Chile.
La localidad, descrita por Tohá como «el paso fronterizo más complicado»; también ha visto una reducción en el número de ingresos irregulares con una baja del 63 %.
Asimismo, la ministra sostuvo: “Hemos logrado recuperar el ritmo de ejecución de las expulsiones”.
La frontera norte se ha convertido en la puerta de entrada de miles de personas que llegan a Chile huyendo de la crisis económica en sus países; pero también de bandas criminales que aprovechan ese flujo de personas para entrar en el país andino.
El Gobierno de Chile desplegó a mediados de febrero al Ejército en las regiones del norte para combatir el crimen organizado y evitar que migrantes sin papeles cruzaran la frontera por pasos no habilitados; una medida que se alargará un máximo de 90 días, aunque se puede renovar si se evalúa su efectividad.