San Felipe.- Con el anhelo de buscar una salida a la situación política y económica por la cual atraviesa el país, un número considerado de habitantes del municipio San Felipe, capital del estado Yaracuy, accedieron a estampar sus firmas para apoyar la activación de la Ley de Amnistía, que en los actuales momentos promueve Juan Guaidó y demás miembros de la Asamblea Nacional.
Lea también: Juan Guaidó anuncia más de 1.000 personas inscritas como voluntarios para recibir ayuda humanitaria
La actividad protocolar tuvo lugar el viernes 8 de febrero en la sede de la Casa Sindical del municipio San Felipe, donde participaron el primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, acompañado por Adriana Pichardo, Delsa Solorzano, Yajaira Forero, Luis Parra y Biagio Pilieri, todos miembros de la Comisión de Justicia y Paz; comisión desde donde se impulsa la consulta pública sobre la Ley de Amnistía.
El primer vicepresidente del parlamento venezolano, Edgar Zambrano, hizo énfasis en la necesidad de apoyar las medidas tomadas por Juan Guaidó, que nos llevarán al cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y a un proceso de elecciones libres, “todo esto debemos hacerlo acompañar de un paquete de leyes que brinden garantías y seguridad al pueblo venezolano”, dijo.
Por su parte, la diputada Delsa Solorzano, recordó que Yaracuy ha sido víctima de importantes hechos violentos en la historia política de Venezuela, sumando 120 víctimas a las pocas más de mil que hubo en toda la nación.
Hizo referencia a la persecución política que presuntamente el mandatario regional mantiene contra varios integrantes de partidos de la oposición, a quienes buscan culparlos con el delito de financiamiento al terrorismo durante los hechos acontecidos el pasado 23 de enero, donde un joven resultó muerto y más de 25 personas heridas.
En cuanto a la Ley de Amnistía, la diputada Solorzano explicó que la misma se divide en amnistía y garantías, la primera para exiliados y presos políticos, siendo necesario dejar claro que quien haya cometido delitos de lesa humanidad no gozará de amnistía; mientras que las garantías se le brinda a todos aquellos funcionarios públicos, militares y civiles.
Minutos antes de concluir la actividad protocolar, la diputada Adriana Pichardo, pidió a los presentes hacerse multiplicadores de la Ley, la cual no será aprobada hasta que se logre el cese a la usurpación.
Dijo que cada funcionario que hasta en el último minuto colabore con la recuperación de la democracia, será tomado en cuenta por este instrumento, por lo que les pedimos situarse del lado correcto de la historia para reconstruir el país, porque aquí cabemos todos, sin distinción de colores.
Es de acotar que a la actividad asistieron representantes políticos, familiares de detenidos en la protesta del 23-E y público en general.