Caracas.- Esta sábado 4 de enero, Tamara Adrián, diputada y activista de Voluntad Popular, presentó un documento ante la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para exigir que se pronuncie con respecto a la persecución de diputados opositores al gobernante Nicolás Maduro. Acompañada por habitantes de las parroquias El Valle, Coche y Santa Rosalía, Adrián precisó que la petición se hace a propósito de la reunión anual de la CEV que será el martes 7 de este mes.
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El 22 de diciembre, el líder pemón Ricardo Delgado denunció una sublevación en el 513° Batallón de Infantería de Selva General de División Mariano Montilla Padrón, conocido como Luepa, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar; cuyo parque de armas fue asaltado y posteriormente recuperado de acuerdo con información policial; el comandante de la unidad y dos oficiales fueron secuestrados.
Al día siguiente, Jorge Rodríguez, ministro para la Información, señaló a los diputados Fernando Orozco -del partido Redes-, Ismael León y Gilber Caro -ambos de Voluntad Popular- como líderes de la operación; este último, desaparecido desde el viernes 20 de diciembre, luego de que sujetos armados lo detuvieran en El Paraíso. “Una banda criminal liderada por diputados de la AN, el plan Navidad Sangrienta para atacar unidades militares el domingo 15 de diciembre. La idea era hacer un escándalo y empañar las navidades de Venezuela. No es un indicio ni una especulación, lo decimos con pruebas”, insistió Rodríguez.
Sin embargo, Adrián aseguró que las acusaciones no tienen una base, pues, por ejemplo, quienes viven en El Valle, parroquia de la que proviene Ismael León, lo conocen por su trabajo comunitario y como un hombre religioso. “No tiene conocimientos militares ni sabe nada de armas ni de ejército y lo acusan de una sublevación”, dijo.
Además, la diputada expresó que la idea de la petición es hacer presión y concienciar a la ciudadanía acerca de los riesgos a los que están expuestos los parlamentarios venezolanos que se oponen a Nicolás Maduro.
Con la acusación de Rodríguez, la lista de diputados perseguidos o cuya inmunidad parlamentaria ha sido allanada, sube a 40, según Aníbal Sánchez, analista y consultor electoral.
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