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martes, 3 diciembre, 2024

Vocero de la Misión de la ONU defiende solidez del informe de DD. HH.

El abogado chileno Francisco Cox respondió a las declaraciones dadas por el canciller Jorge Arreaza y señaló que ofrecieron al gobierno de Nicolás Maduro dar su versión sobre las acusaciones de violación derechos humanos, pero nunca respondieron

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El abogado penalista chileno Francisco Cox, quien fue parte de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, se pronunció la noche de este miércoles 16 de septiembre, sobre las declaraciones dadas por el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, en las que señaló que su informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela está «plagado de falsedades».

Durante una entrevista en el programa Código +58 de TVVenezuela, defendió la veracidad del informe y señaló que la información que posee es fidedigna y basada en afirmaciones y documentos debidamente sustentados. «El informe tiene suficiente información, es un informe sólido«, señaló.

Igualmente, recordó que la misión enviada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó permiso en reiteradas oportunidades al gobierno de Maduro para entrar a Venezuela a realizar su investigación, así como le dio también la oportunidad de rebatir las acusaciones de violaciones de derechos humanos que se les imputan y dar su versión de los hechos, pero ninguna de las cartas enviadas a la Cancillería fueron respondidas.

«Nosotros le ofrecimos incluso a Venezuela la posibilidad de enviarles antes el informe para incorporar sus observaciones, les pedimos información sobre determinados procesos y determinados casos, y no nos contestaron. Solicitamos entrar al país, y no nos dejaron entrar. Solicitamos reunirnos con el embajador ante Ginebra, y tampoco nos dieron acceso», declaró.

A través de su cuenta de Twitter, Arreaza arremetió contra el documento que evidencia las violaciones de derechos humanos cometidos por el oficialismo desde 2014, y la acusó de no tener rigor metodológico, así como de haber sido realizada a distancia «por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington».

El propio informe aclara en su preámbulo las dificultades que tuvo durante su investigación al no poder ingresar a territorio venezolano, a pesar de que en siete oportunidades se intentaron comunicar con las autoridades del gobierno de Maduro para obtener su permiso.

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