La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la acusación contra los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) Ascanio Tarascio Mejía y Estiben Zarate Soto, presuntos responsables de la muerte del capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo.
«En dicho proceso se cumplieron actuaciones que atentan contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito, de acuerdo con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 120 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal”, argumenta el máximo tribunal del país en su nuevo fallo.
En ese sentido, concede al Ministerio Público un plazo de 30 días para realizar una nueva investigación y emitir una nueva decisión, que puede ser otra acusación, sobreseimiento o la solicitud de archivo fiscal.
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La decisión del TSJ responde a una figura legal denominada avocamiento de la causa, que procede cuando hay vicios en el proceso, con la particularidad de que en esta ocasión no fue solicitada por persona alguna.
«En relación con la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia sobre la muerte del capitán Acosta Arévalo. El MP volverá a conocer del caso en las próximas horas para precalificar estos hechos que significaron una violación de DD HH», expresó Saab.
El capitán Acosta Arévalo fue detenido en 2019 por la Dgcim bajo acusaciones de conspiración e intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro y murió ese mismo año bajo custodia del cuerpo de seguridad.
Un día antes de su muerte, Acosta Arévalo sin poder ponerse de pie fue llevado a su audiencia de presentación y ante la pregunta de si había sido torturado asintió con la cabeza. Investigaciones revelaron signos de tortura en su cuerpo, entre ellos golpes y cortes con armas blancas.