Caracas.- La empresa española Telefónica despidió el año pasado al gerente Pedro Cortez, quien cumplía funciones de CEO de la empresa en Venezuela desde 2012 hasta 2017, lapso en el cual se produjeron los sobornos con el gobierno de Nicolás Maduro. La salida del ejecutivo peruano de la multinacional española se registró en diciembre de 2023, cuando fungía como director del área de Estrategia en Hispam, según reportes del consorcio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una sanción de 85 millones de dólares a la filial venezolana por corrupción. Las autoridades estadounidenses publicaron un comunicado el 8 de noviembre donde se reveló que Telefónica admitió haber pagado sobornos a funcionarios en 2014 para participar en una subasta del Gobierno, en la que podría conseguir dólares a cambio de bolívares, dada la dificultad de hacerse con divisas estadounidenses en Venezuela.
La información fue divulgada por el diario español El Confidencial, que detalló que los cargos involucran sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela, utilizando cuentas bancarias estadounidenses.
“Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del Gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa”, dijo la jefa de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole M. Argentieri.
Según El Confidencial, el esquema incluía el pago de sobornos y se encubría a través de compras infladas a proveedores chinos, generando una red de transacciones financieras complejas para ocultar la operación real.
Como parte del acuerdo con las autoridades estadounidenses, Telefónica Venezolana aceptó el pago de la multa de 85 millones de dólares, lo que implica que la compañía no enfrentará un juicio formal en Estados Unidos. Sin embargo, Telefónica se comprometió a colaborar con la investigación y cumplir con un proceso de enjuiciamiento diferido, lo cual exige transparencia en sus operaciones futuras.
De acuerdo con las investigaciones, Telefónica Venezuela pagó 28,9 millones de dólares a intermediarios que harían contacto con representantes del gobierno de Maduro. La empresa tenía conocimiento que parte del dinero se pagarían como comisión a funcionarios del Gobierno.