El senador estadounidense Rick Scott hizo pública este lunes 24 de febrero una carta dirigida a la firma internacional de abogados Amsterdam & Partners en la que cuestiona su decisión de trabajar para el gobierno de Nicolás Maduro en su intento de levantar las sanciones financieras de EE. UU.
A través de su cuenta de Twitter, @SenRickScott, publicó la misiva e instó al resto de sus compañeros congresistas a presionar para que desista de su contrato, como ya en su momento hizo la firma de cabildeo Foley & Lardner, tras una petición hecha por el senador, junto a la Procuraduría Especial designada por el gobierno interino de Juan Guaidó.
«Mientras haya quienes representen a un dictador que asesina a su propia gente no me quedaré callado. Insto a mis colegas a hacer lo mismo», escribió en su publicación.
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En la carta, Scott recordó a Amsterdam & Partners que tanto Maduro como sus funcionarios han sido sancionados por cometer sistemáticas violaciones contra los Derechos Humanos de los venezolanos. Resaltó los casos que pudo presenciar durante su viaje a Cúcuta, en el que fue testigo no solo del éxodo masivo de refugiados, sino también de madres y niños que diariamente se trasladan a esa ciudad fronteriza para obtener la educación y alimentación que no pueden recibir en sus pueblos.
«Mientras representen a un dictador peligroso que está asesinando a su propia gente, me negaré a reunirme con cualquier persona en su empresa, independientemente de los muchos clientes que representen«, señala en su texto.
En su página web, Amsterdam & Partners LLP se cataloga como «un bufete líder en derecho de crisis internacionales y en lo relativo a políticas exteriores corporativas», con base en Londres, el cual presta servicios de asesoría en estrategias geopolíticas para corporaciones y entes decisorios en ambientes volátiles. De acuerdo con la agencia de noticias AP, el procurador general de Maduro, Reinaldo Muñoz, contrató a la firma para que ejerza presión en tribunales y altas instancias del gobierno estadounidense, a fin de que flexibilicen sus sanciones contra funcionarios chavistas e instituciones del Estado.
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