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viernes, 27 noviembre, 2020

Saab asegura que violaciones a los derechos humanos en Venezuela se han investigado

El fiscal chavista destacó en una comparecencia sobre su visita a la CPI, que la Constitución y las leyes han prevenido los crímenes de lesa humanidad en Venezuela

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Caracas.- El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó este lunes, 9 de noviembre, que demostrará ante la Corte Penal Internacional (CPI) que el Estado «castiga, sanciona y persigue» a quienes atentan contra los derechos humanos en Venezuela.

«Desde nuestra perspectiva, podremos demostrar fehacientemente que en nuestro país los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos se han investigado, y en la medida en que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la ley”, dijo el fiscal chavista en una rueda de prensa en la que ofreció un balance sobre su visita a la CPI el pasado 4 de noviembre.

El titular del Ministerio Público aseguró que las instituciones no permiten que haya impunidad en casos de violación a los derechos humanos, ya sea cometida por civiles o funcionarios del Estado.

Además, Saab invitó a la fiscal general del tribunal de La Haya, Fatou Bensouda, a visitar Venezuela para que «conozca cómo se realizan las investigaciones» en el país.

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Niega crímenes de lesa humanidad

En la reunión del pasado miércoles, Bensouda comunicó a Saab que considera que existen fundamentos razonables para creer que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, el fiscal de Maduro dijo hoy que «no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad» porque la Constitución y las leyes lo han prevenido.

El alto tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde presuntamente han maltratado a políticos.

La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.

Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal.

Al examen preliminar de 2018 se le añadió en febrero de 2020 un informe emitido por Caracas en el que se asegura que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en su contra son crímenes de lesa humanidad.

Los señalamientos a Venezuela en esta materia por parte de la CPI son respaldados por los diferentes informes que la comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, emitió sobre el país caribeño, especialmente en lo referido a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, los hechos por los que tanto la CPI como la ONU acusan a Venezuela, son avalados por distintas ONG nacionales e internacionales dedicadas a la vigilancia del cumplimiento y respeto a los principios fundamentales en este ámbito.

Con información de EFE

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