Rocío San Miguel: Maduro pretende criminalizar a ONG venezolanas que reciben cooperación internacional

La abogada y defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro también debería rendir cuentas de la cooperación internacional que recibe de países aliados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

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| Foto: cortesía portal web 15Minutos

Caracas.- La abogada Rocío San Miguel aseguró el pasado 5 de mayo que Nicolás Maduro pretende criminalizar a las ONG venezolanas que reciben cooperación internacional, mediante un registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dirigida por el General Miguel Ángel Gallegos.

Según informó San Miguel a través de su Twitter, Maduro modificó el 3 de mayo la denominada Providencia Administrativa No. 001-2021. Sin embargo, la defensora de DD. HH. denunció que aún persisten amenazas contra las ONG para impedirles que continúen con sus labores en el país.

“Al aplicarse la nueva providencia conjuntamente con la inconstitucional Ley de Defensa de la Soberanía Política, se han desarrollado mecanismos coercitivos para criminalizar la recepción de cooperación internacional a las ONG que trabajan en asuntos vitales para la democracia”, dijo.

Por otro lado, la jurista manifestó que el Libertador Simón Bolívar se habría rebelado contra la Providencia Administrativa No. 001-2021. “Sin la cooperación internacional hubiese sido imposible la independencia”, expresó.

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El pasado 30 de marzo se publicó la Providencia Administrativa No. 001-2021, en Gaceta Oficial N° 42.098, medida que obliga a las ONG en Venezuela a revelar quiénes son las personas que reciben los donativos; quiénes son sus donantes y cuáles alianzas internacionales tienen.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, esta providencia se aplica a cualquier persona natural o jurídica de naturaleza no financiera que no esté sujeta al control de un órgano público específico o regulada por una ley especial.

Hasta el 1º de mayo, las ONG venezolanas debían tramitar un certificado de registro con vigencia de un año ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

Según Acceso a la Justicia, se pretende desnaturalizar la labor de las ONG porque al obligarlas a revelar los nombres de las víctimas de violaciones de DD. HH. a su victimario, se impide que estos sean protegidos frente al gobierno de Maduro.

El pasado 23 de abril de este año 2021, más de 600 organizaciones y asociaciones de la sociedad civil venezolana comenzaron una campaña con el fin de exigir la derogación de la providencia 001-2021.

Las ONG denunciaron en aquel entonces que esta medida es inconstitucional porque pone en riesgo la privacidad de las víctimas, obliga a entregar datos de beneficiarios, infringe la libertad de asociación y viola la presunción de inocencia.

“Si no eres parte de una ONG pero quieres apoyar la campaña, puedes hablar del valor de este tipo de organizaciones para el país o de una en particular cuyo trabajo creas necesario resaltar. También puedes publicar una imagen que muestre su trabajo o una foto con un cartel que diga #SalvemosALasONG”, fue la convocatoria.

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