Caracas.- La activista venezolana y presidenta de la ONG Control Ciudadano, enfocada en asuntos militares, cumple este 9 de mayo tres meses de injusta prisión y sin garantías al debido proceso, denunciaron varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
«Hoy, 9 de mayo, se cumplen tres meses de injusta prisión por motivos políticos de la defensora de derechos humanos, madre y académica Rocío San Miguel», escribió la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en la red social X.
Esta organización, además del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aseguraron que el Estado venezolano ha negado a San Miguel el derecho a un abogado de confianza y el acceso a su expediente para demostrar su inocencia.
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En este sentido, las ONG -a las que se sumó Fundaredes- rechazaron que la activista cumpla tres meses de prisión arbitraria, sin garantías al debido proceso y víctima de una larga cadena de violaciones a sus derechos humanos.
Acusada por el Ministerio Público de un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un magnicidio contra Maduro, San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
El fiscal Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel entregó información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Saab aseguró entonces que, durante el allanamiento a la residencia de San Miguel, el 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que entregó información sensible a potencias extranjeras en reuniones secretas sostenidas en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y militares extranjeros.
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