Informe de Bachelet contradice discurso de Remigio Ceballos

El comandante del Ceofan centró su discurso del 5 de julio en el respeto que tienen las Fuerzas Armadas a los derechos humanos de los venezolanos. El informe de Bachelet contradice varias de sus palabras

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| Foto: Cortesía VTV

“Jamás la FAN volcará sus armas contra el pueblo venezolano”, fue una de las frases que pronunció el ratificado comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan) Remigio Ceballos, el pasado 5 de julio. El informe realizado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, contradice estas y otras palabras.

El almirante Ceballos sirvió de orador de orden en la sesión realizada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a propósito de la conmemoración de la Declaración de la Independencia de Venezuela del 5 de Julio de 1811. Su discurso se centró en el respeto que tienen las Fuerzas Armadas por los derechos humanos de los venezolanos, es decir por los ciudadanos a quienes deben su servicio.


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Un día antes de estas palabras, Michelle Bachelet presentó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe en el que sintetizó el diagnóstico sobre los derechos humanos en Venezuela, tras su visita de tres días (19 al 21 de junio) al país.

En el apartado de instituciones y medidas de seguridad, la Alta Comisionada contradice las primeras palabras de Ceballos, al decir que “la Guardia Nacional y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014 (…). Los servicios de inteligencia (el Sebin y la Dgcim) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores y de sus familiares.

Remigio Ceballos también mencionó que las unidades que comanda están capacitadas para enfrentar con fuerza y contundencia a los enemigos de la patria en cualquier escenario: “Combatiremos a cualquier grupo armado de cualquier naturaleza; estamos dispuestos a proteger a las familias venezolanas”.

Esta posición es contrastada con lo que refiere el informe de la ONU, cuyo documento indica que en 2019, las fuerzas de seguridad en varias manifestaciones han hecho un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones.

El comandante del Ceofan también hizo un espacio en su discurso para hablar sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, señalado por conspirar contra el gobernante Nicolás Maduro y quien falleció en custodia de funcionarios de la Dgcim.

“Toda la Fuerza Armada Nacional lamenta los acontecimientos relacionados con la lamentable pérdida del oficial retirado de nuestra gloriosa Armada Bolivariana, quien luego de mantenerse conspirando durante más de diez años contra el Estado venezolano, planificando atentados terroristas, al ser detenido falleció“, señaló.

También dijo que la muerte del capitán es investigada por el Ministerio Público a solicitud del gobernante Nicolás Maduro.

“Nuestro comandante en jefe (Nicolás Maduro) pidió que se proceda de acuerdo a la ley para mantener siempre el profundo respeto a los derechos humanos, que es lo que rige nuestra conducta”, manifestó.

La muerte de Acosta Arévalo es calificada por su abogado, Alonso Medina Roa, como asesinato, debido a la cantidad de golpes que recibió, diagnóstico ratificado en la necropsia realizada en la morgue de Bello Monte. El militar perdió el conocimiento mientras se presentaba en tribunales.

Los vocablos de “falleció “y “la muerte es investigada” también tienen su objeción en el documento de Bachelet, específicamente en la sección de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. De acuerdo con la alta comisionada, entre 2014 y 2019, la oficina que conduce registró 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) que fueron privadas arbitrariamente de la libertad, quienes fueron sometidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Según Bachelet las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Sebin y la Dgcim, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas.

Respecto a la actuación del Ministerio Público, la oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH de la ONU se toma un párrafo y pormenoriza: “el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía, da protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos”.

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