Caracas. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación, Gina Romero, expresó su preocupación por la promulgación de la Ley Libertador Simón Bolívar con respaldo de Nicolás Maduro en Venezuela y lo identificó como un método de persecución contra activistas y sociedad civil.
Romero específica que el artículo 23º de esta ley, promulgada el 29 de noviembre, busca crear un registro para identificar a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras sobre las que el Estado tenga sospechas, siendo vaga y ambigua, que la hacen una herramienta de violencia.
«Está incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado, e impone «medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo» para mitigar el «perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de #Venezuela y su población», agrega la defensora de derechos humanos en un hilo en su cuenta de X.
Ley Bolívar
La Ley Libertador Simón Bolívar, aprobada por el Parlamento oficialista, incluye inhabilitación política de hasta 60 años, multas y prisión de entre 25 y 30 años para quienes pidan, respalden o promuevan sanciones contra Venezuela.
Esta normativa la promulgó Nicolás Maduro luego de que el Gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario e Ilegítimo de Venezuela (Ley Bolívar) como presión contra el oficialista para que deje el poder el 10 de enero.
Expertos y analistas consultados por El Pitazo resaltan que con la aprobación de la denominada Ley Libertador Simón Bolívar, el oficialismo busca no solo blindarse ante presiones externas vinculadas con las sanciones, sino también enviar un mensaje de intimidación a quienes aún luchan por un cambio político.
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