Caracas. Con sus rostros cubiertos, armas largas y sin orden judicial, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se llevaron el pasado 21 de junio a siete funcionarios, entre militares y policías activos y en condición de retiro.
Seis días después, sin haber sido presentados ante un tribunal, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó al menos a tres de ellos de incurrir en los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria.
En las denuncias realizadas por los familiares entre los días 21 y 23 de junio, se conoció que los cuerpos de seguridad del Estado habían detenido a dos coroneles retirados y un general de brigada de la Aviación, un capitán de corbeta de la Armada, un teniente coronel del Ejército y dos comisarios retirados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
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Al coronel (r) Francisco Torres Escalona lo sacaron de su residencia ubicada en la avenida San Martín, en Caracas, a las 5:00 p.m. Y a esa misma hora, los funcionarios se encontraban en la urbanización Santa Mónica, buscando al coronel (r) Miguel Alberto Castillo Cedeño.
Minutos antes, en Guatire, estado Miranda, una comisión del Sebin y de la Dgcim detuvo al capitán Rafael Acosta Arévalo, oficial de operaciones especiales de la Armada; al general de brigada Miguel Sisco Mora, director del Aeropuerto Los Tacarigua, Maracay; y a los comisarios retirados del Cicpc, José Valladares y Miguel Ibarreto Sabina, quien fue jefe de la División contra Homicidios y Drogas.
El coordinador de Energía del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac), teniente coronel Pedro Carballo Lira, también fue llevado desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas.
Horas después de esta serie de detenciones, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet salió de Venezuela, tras sostener encuentros con líderes políticos y escuchar los testimonios de los familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de los derechos humanos.
La muerte del capitán Acosta Arévalo
En el momento en el que Saab anunciaba una investigación a Valladares, Acosta Arévalo y a Castillo Cedeño por supuestamente preparar un golpe de Estado que incluía la muerte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los familiares y abogados de todos los detenidos desconocían dónde se encontraban y exigían a través de las redes sociales que se les entregara una fe de vida.
Waleswka Pérez temía por la integridad de su esposo, el capitán Acosta Arévalo. En la noche del 28 de junio fue presentado ante el tribunal 3° de la corte marcial, donde confirmó que había sido torturado, de acuerdo con la denuncia que realizó la activista por los derechos humanos, Tamara Sujú.
En ese momento, Pérez, quien se encuentra en Colombia, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se le fuese otorgada una medida de protección.
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“Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien”, detalló Sujú en su twitter, al informar sobre su muerte que, según su versión, se registró a la 1:00 a.m de este sábado.
Juan Guaidó, presidente encargado de la República y jefe del Poder Legislativo, anunció que recabarán información sobre este caso al que calificó como abominable.
También pidió a sus representantes diplomáticos denunciar ante la comunidad internacional y Bachelet.
Alonso Medina Roa, defensor del capitán y coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó a El Pitazo que, en horas de la tarde de este 29 de junio, estaban presentando ante el mismo tribunal militar a los demás detenidos.
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