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miércoles, 17 agosto, 2022

¿Qué pasa con el pago de los magistrados del TSJ en el exilio?

La solicitud de la licencia que permite el uso de recursos para el pago de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y el financiamiento de esa institución fuera de Venezuela no cuenta con la aprobación de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac), instancia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con una fuente del gobierno interino

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Caracas.- Exigencias sobre transparencia en el manejo de activos en el exterior, una solicitud de aclaratoria sobre rendición de cuentas, señalamientos por la falta de recursos, en este caso para el pago de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, marcan algunas de las tensiones recientes en el seno del gobierno interino que lidera Juan Guaidó.

En entrevista con El Pitazo, el presidente del TSJ en el exilio, el magistrado Antonio Marval, calificó de lamentable la situación respecto a la falta de financiamiento del sistema de administración de justicia fuera de Venezuela, cuyos miembros fueron designados y juramentados en 2017 por la Asamblea Nacional electa en 2015, entonces bajo la presidencia de Julio Borges, y que cinco años después de aquel hecho se encuentran en una situación comprometida en lo económico, ya que no cuentan con recursos provenientes del gobierno interino.

Un miembro de la administración de Guaidó con conocimiento de la situación de los magistrados del TSJ en el exilio aseguró a El Pitazo que el gobierno interino solicitó a la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac) –instancia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos– la aprobación de una licencia para contar con los recursos para el pago de los magistrados, así como para el financiamiento de esa institución, tras la aprobación de un presupuesto en 2020.

La solicitud de la licencia que permitiera el uso de recursos para el pago de magistrados y el financiamiento de la institución no fue aprobada por la Ofac, según la fuente del gobierno interino.

La Ofac no respondió a una solicitud de información de parte de El Pitazo, para conocer en detalle los requerimientos para la aprobación de las licencias y sobre el pedido del gobierno interino para contar con recursos que permitieran solventar la situación económica de los magistrados del TSJ en el exilio.

Administración de Guaidó sin recursos

En julio, en una entrevista concedida a El Pitazo, el miembro del consejo consultivo del gobierno interino, Yon Goicoechea, destacó que la administración de Guaidó no cuenta con recursos para disponer por su cuenta debido a la supervisión de la Ofac, así como por los procedimientos y requerimientos administrativos que exige la institución del gobierno estadounidense.

«Todo depende de las licencias de la Ofac porque el gobierno interino no tiene ni un solo dólar. Todo viene con la supervisión cercana de un órgano extranjero, cuyos requerimientos y procedimientos administrativos son engorrosos», dijo Goicoechea en entrevista con El Pitazo el 25 de julio.

Rendición de cuentas

Esta semana, la Sala Constitucional del TSJ en el exilio exhortó a Guaidó a que informe sobre el cumplimiento en torno a la rendición de cuentas de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión como presidente interino tras su proclamación en 2019

Mediante un fallo del 1 de agosto, la Sala Constitucional del TSJ en el exilio instó a que se pronuncien al respecto tanto la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional electa en 2015, la Contraloría Especial y la Comisión de Administración del Gasto creada por la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos.

De acuerdo con lo detallado en la reciente exigencia del TSJ en el exilio, el incumplimiento a la obligación de presentar la rendición de cuentas, y en este caso sobre su respectiva aclaratoria acerca de su presentación, puede ser considerado desacato con las consecuencias de ley.

Hasta este viernes, 5 de agosto, no ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno interino o de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 sobre la exigencia del TSJ en el exilio.

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