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viernes, 1 julio, 2022

Propaganda opositora desaparece de los medios ante hegemonía comunicacional y ventajismo oficial

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Se estima que cerca del 60% de los medios de comunicación que existen en el país impulsan las líneas editoriales oficiales | Foto: Archivo

La inobservancia por parte del ente rector del cumplimiento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales obliga a las candidaturas de oposición a usar métodos alternativos de publicidad y propaganda para darse a conocer durante la campaña electoral

Por Fiorella Perfetto
El próximo 13 de noviembre comienza oficialmente la campaña para el proceso electoral del 6 de diciembre, cuando Venezuela elegirá a los 167 representantes a la Asamblea Nacional. Será un periodo de 20 días en el cual las tendencias políticas podrán presentar sus ofertas para captar el voto de los electores. Pero no todo es equilibrado. El chavismo cuenta con una red de medios públicos y otros adquiridos por capitales afines al oficialismo, que desde ya impiden la difusión de mensajes de la Mesa de la Unidad. Será una de las evidencias más claras de la hegemonía comunicacional.
Vicente Bello, representante de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció en entrevista publicada en el diario La Razón el pasado 4 de noviembre «el uso excesivo de los recursos del Estado en esta campaña electoral» y puso especial atención en la forma como el oficialismo hace valer su hegemonía comunicacional. «Encadenan y amenazan a los medios para que transmitan en vivo actividades proselitistas, y eso es abuso de poder y violatorio de la Constitución Nacional, Ley de Procesos Electorales, Ley de Contraloría y de la Ley de Protección de los Recursos del Estado«, aseguró el dirigente de Un Nuevo Tiempo. Se debe recordar que Venezuela es el único país de Latinoamérica que no ejerce control sobre los gastos del Estado durante campañas electorales, tal como indican sendos informes de la Unión Europea y la OEA levantados en 2010.
Se estima que cerca del 60% de los medios de comunicación que existen en el país impulsan las líneas editoriales oficiales, según datos del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys). Aquí se incluye la adquisición de medios privados por parte de empresarios ligados al oficialismo y que le han dado virajes dramáticos a sus respectivas tendencias editoriales, además de la autocensura existente en los pocos medios que restan. Este panorama deja en completa orfandad comunicacional a todas aquellas opciones candidaturales opuestas al gobierno de cara a la próxima campaña electoral.
Menos tiempos en TV y radio
Además de estos factores, el órgano rector ha disminuido sustancialmente el tiempo permitido de exposición en los medios de comunicación en campañas electorales.
Según se lee en el Reglamento de Publicidad y Propaganda del 2015, que regirá el uso de medios de comunicación social, los candidatos contarán con un total de tres minutos de publicidad y propaganda diarios en el medio televisivo de su escogencia (sea este oficial o privado) y no más de cuatro minutos de exposición en los medios radiales. Comparando esta cifra con aquella reglamentada en 2000, se trataría de una disminución de más de 62% (de 11,28 minutos diarios entre televisión y Radio en 2000 a tres minutos en 2015) de espacios de difusión de mensajes en campaña electoral.
Luego de sendos procesos electorales realizados en el año 2000, entre ellos las llamadas Megaelecciones, hubo una reforma en la normativa que rige la publicidad y propaganda en medios de comunicación social: al comparar esta normativa con la vigente se evidencia la desaparición de la diferencia entre el medio privado y el público para dar paso a la fijación de normas en cuanto a minutos de difusión en prestadores de servicio de señal abierta y aquellos que lo hacen por suscripción.
Imposible pautar
Este cambio, que a la vista parecería inofensivo, trajo como consecuencia la desaparición del derecho de todas las opciones electorales a la gratuidad en la difusión de los mensajes de campaña electoral en los medios públicos que, junto con la creación de una inmensa plataforma de medios al servicio del Estado y el paso a la línea editorial oficialista de al menos 25 medios privados en el último año, ha dado como resultado la abolición del mensaje de cualquier tendencia que se oponga a los intereses del gobierno.
«Es imposible pautar en un medio del Estado o alguno de línea editorial chavista», afirma el diputado por el bloque de la MUD del estado Anzoátegui, Omar González Moreno. «Nos rebotan hasta con excusas inaceptables, violando el Reglamento Electoral», afirma el ahora candidato a la reelección.
La Mesa de Unidad, que agrupa 29 partidos políticos que conforma la oferta opositora mayoritaria, enfrenta otro hándicap: el hecho de que para primar una estructura unitaria haya escogido la representación nacional con una sola tarjeta, le otorgará también un único espacio de publicidad y propaganda, a diferencia del Gran Polo Patriótico, representación gubernamental conformada por 17 organizaciones quienes mantuvieron sus tarjetas diferenciadas para cada fracción política.
Así las cosas, mientras la MUD tendrá derecho a una sola cuota de publicidad y propaganda al día de tres minutos, el Gran Polo Patriótico, y con él la oferta gubernamental, podrá contar con 17 veces más difusión, es decir, 51 veces más posibilidad de difundir sus mensajes diariamente, si sólo optan por los tres minutos en medios televisivos. Esto ya es una considerable ventaja aún si el órgano rector hace valer todo el peso de la ley y pone coto al ventajismo electoral que ha sido evidente en los procesos electorales celebrados en el país en los últimos tres quinquenios.
¿Cuánto cuesta?
La aplastante presencia de propaganda oficialista en los medios de comunicación tiene un costo prácticamente inauditable. ¿A cuánto ascendería el monto de tales excesos?
Una pauta en un canal privado ronda alrededor de los Bs. 700 mil para un paquete de 30 cuñas de 30 segundos cada una (unos Bs. 26.000,00 cada una, según una fuente del departamento de ventas de un canal privado). Ese monto le alcanzaría a un candidato para que apenas pueda difundir su oferta electoral de tres minutos durante cinco días en un medio televisivo. Tomando en cuenta que en esta oportunidad la campaña electoral tendrá una duración de 21 días, el candidato en cuestión requerirá de al menos Bs 3.276.000,00 sólo a lo que a presencia en televisión se refiere.
Omar González Moreno, quien además es jefe de campaña de la MUD en la circunscripción cuatro que comprende la zona norte del estado Anzoátegui, reconoce que la oposición se ha visto obligada a cambiar su estrategia comunicacional para lograr llevar sus ofertas electorales a todos los rincones del país. “Sólo dos señales de televisión por suscripción transmiten las piezas publicitarias de la MUD, el resto del esfuerzo lo tenemos que hacer yendo casa por casa, activando la 2.0 y con las tradicionales vallas, ya que el CNE hace caso omiso de esta y otras irregularidades que se han dado en la región”.
La pregunta que resta hacerse es, quién hará cumplir con carácter de obligatoriedad estos principios para garantizarle al elector todos sus derechos constitucionales. Dos artículos son fundamentales y están contemplados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lope) vigente para el próximo proceso electoral del 6 de diciembre. El artículo N° 212 que obliga a los medios a pautar todas las ofertas electorales. “Los medios de comunicación social no podrán negarse a difundir la propaganda electoral. En caso de duda o controversia, las interesadas o los interesados podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que determine si la propaganda electoral cumple con los requisitos establecidos en la ley y el presente reglamento».
La normativa también contempla el equilibrio en la presencia de la oferta electoral en todos los medios de comunicación social del país. Así lo refiere el artículo N° 213 de la Lope «Los medios de comunicación social públicos y privados darán una cobertura informativa completa y balanceada de las informaciones relacionadas y sin tergiversar la realidad de la campaña. A tal efecto, observarán un riguroso equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por las candidatas o candidatos».

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