Plan País presentó cuatro fórmulas para mejorar la seguridad ciudadana

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Caracas.- Garantizar la estabilidad democrática, reducir la violencia, disminuir los números de impunidad y crear un modelo penitenciario respetuoso de los derechos humanos, con esos cuatro pilares que, abogados, criminalistas y especialistas, presentaron al presidente encargado, Juan Guaido,como parte del Plan País en materia de seguridad ciudadana.

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Con una tasa de 81,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y
313.029 personas fallecidas por la inseguridad entre 1999 y 2018 -mayormente hombres jóvenes y pobres- Venezuela fue descrita por el coordinador del Observatorio de Violencia, Luis Briceño León, como «el país con mayor muertes violentas en América Latina y en el mundo».

El especialista indica que la nación llegó a esta cifra debido a que «desde 1998 se incentivó la violencia, las armas y el uso de la fuerza; se desarmaron los cuerpos policiales pero no a los delincuentes; se le quitó autoridad a la policía y aumentó la impunidad». Esto generó un incremento de los homicidios, pero con esta realidad no vino adjunta un repunte de las detenciones.

Para rebatir esta realidad, especialistas expusieron un plan al cual describen como un «documento que abarca las cuatro patas de la mesa de seguridad ciudadana: prevención del delito, policías, reforma del sistema de justicia y el área carcelaria».

El comisario Manuel Furelos, exdirector de la Policía del municipio Sucre, detalla algunas propuestas para reformar los órganos de seguridad: estudios a los funcionarios que no han recibido formación adecuada, salarios dignos, equipamiento de las policías: patrullas, armamento y remodelación de comisarías.

Por su parte, el abogado Luis Izquiel, indica que en el área policial se prevé la promulgación de la Ley especial de seguridad social de los funcionarios policiales de la República, una ley sancionada por la Asamblea Nacional, pero que no ha sido puesta en vigencia por ser declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia.

Respecto al campo de justicia, el abogado explica que se plantean despolitizar la justicia y designar magistrados del TSJ y fiscales del Ministerio Público a través de los mecanismos que señala la Constitución: credenciales, concursos públicos abiertos y de posición; «esta acción les va a dar a los funcionarios estabilidad y por ende van a actuar con independencia y autonomía, no como lo visto en los últimos años».

Otra política pública que plantea el plan país, según Izquiel, es el planteamiento de reducir y controlar las armas y municiones en el país; también incentivar la denuncia, pues «hay una apatía por parte de los venezolanos actualmente a declarar lo que les pasa porque no creen en la administración de justicia»; realizar una encuesta de victimización y percepción de seguridad ciudadana que determine la realidad delictiva del país.

El especialista comenta que en el plan también está señalado el revisar el código penal de Venezuela, al que califica «del siglo XIX» con el fin de que se logre uno que investigue, procese y sancione a los delincuentes. Otro punto a querer ejecutar es la creación de un código de faltas para sancionar los errores más pequeños que cometa el individuo.

Respecto al tema de las cárceles y las herramientas para disminuir el denunciado hacinamiento se contempla su descentralización, la construcción de nuevas cárceles y centros de máxima seguridad para hombres de alta peligrosidad -los conocidos pranes-; la prohibición del internet y telefonía celular para que se extorsione y planifiquen delitos desde allí dentro. Sobre los calabozos policiales, la iniciativa de los especialistas es eliminarlos como un sistema penal paralelo y para aquellos que salgan en libertad después de pagar por un delito la propuesta es la atención post penitenciaria.

Como punto final, el criminalista Fermín Mármol García plantea un nuevo sistema de identificación para Venezuela, refiere que con un mecanismo blindado funcionarios identificarán de forma expedita a los procesados en los tribunales y facilitará la labor de los policías cuando tengan la necesidad de investigar a un ciudadano en particular.

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