Caracas.– A la cárcel de Yare, en el estado Miranda, fueron trasladados 4 de los 15 jóvenes judicializados en Guanare, Portuguesa, por los delitos de terrorismo e incitación al odio, luego de que se les señalara de participar en hechos violentos contra la proclamación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial.
De acuerdo con versiones de los familiares, los jóvenes fueron trasladados a Yare durante la tarde de este lunes 26 de agosto. Estos responden a las identificaciones de: Hurtado Pérez, Yorman Daniel. CI. 27.220. 344; Frías Infante, Angel Jesús. CI. 31.053.990; Paredes Carmona, Asdrúbal José. CI 12.239.622 ; y Rodríguez Moyetones, Yefren Antonio. CI 30.329.199.
Los cuatro jóvenes imputados por terrorismo e incitación al odio estaban presos en los calabozos del Servicio de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicados en la carrera 11 de la capital portugueseña, desde al menos el 30 de julio.
Los imputados fueron judicializados mediante una videoconferencia realizada por un tribunal de delitos contra el terrorismo con jurisdicción en el área metropolitana de Caracas. Según las madres de los jóvenes, a ninguno de ellos se le ha permitido defensa legal de confianza (privada) ni acceso al expediente.
Las mismas madres denunciaron que para el traslado a la cárcel de Yare, cada familia de imputado tuvo que cancelar 20 dólares por concepto de transporte. Asimismo, el costo del uniforme (mono azul y franela blanca) y el corte rapado del cabello.
Desaparición forzada
La familia de Yefren Antonio Rodríguez Moyetones – un joven campesino de 23 años de edad (02/05/2001) nacido en el municipio rural Papelón, al sur del estado Portuguesa – vivió un calvario durante la reclusión del joven en la División Contra la Delincuencia Organizada de la PNB en Guanare, contó a El Pitazo una persona miembro de una organización defensora de derechos humanos.
Yefren Antonio fue víctima de una desaparición forzada. Fue detenido en Papelón, la capital municipal homónima, el pasado 30 de julio por comisiones de presuntos agentes de organismos de seguridad del Estado, de acuerdo con publicaciones en redes sociales. Las mismas alertaban sobre «un secuestro del régimen».
Pasados 10 días de la detención, la familia Rodríguez Moyetones no conocía el paradero de Yefren António ni los motivos de su aprehensión. Ningún cuerpo de seguridad dió información a su madre, que clamaba, al menos, por su presentación a tribunales. En ese ese empeño, la mujer acudió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía Superior del Ministerio Público. Familiares cuestionaron un reporte de detención de fecha 6 de agosto.
Luego de esas visitas institucionales en demanda de garantías de vida para su hijo, el 15 de agosto en la mañana se conoció de la presentación en tribunales de Yefren Antonio Rodríguez Moyetones. Fue un acto simbólico porque la causa fue declinada a un tribunal caraqueño con competencia en delitos de terrorismo.
Yefren Antonio Rodríguez Moyetones explicó en esa audiencia oral de presentación que tenía 10 días privado de libertad. Señaló que se lo llevaron para Acarigua y de allí lo regresaron nuevamente a Guanare. «Me tenían incomunicado», dijo el joven a la juez de control 2, relató un pariente.
«No soy ningún terrorista: por mala suerte me captó una cámara de video cuando pasaba cerca de una protesta en mi pueblo Papelón, que ni siquiera era violenta», argumentó el muchacho, hoy recluido en la cárcel de Yare.
Abogados privados ligados a la familia Rodríguez Moyetones denunciaron que el procedimiento judicial seguido a Jefren Antonio está viciado. «Hicieron todas las actuaciones con fecha 14 de agosto, incluida el acta policial y la imposición de derecho , cuando hay pruebas de que la detención fue hecha el 30 de agosto», precisó la fuente.
Los abogados también denunciaron que la Defensoría del Pueblo delegada se negó a emitir una constancia de la denuncia de desaparición forzada que interpusiera la madre del imputado ante ese despacho. «Ese documento es crucial para comprobar que el acta policial y la imposición de derecho son extemporáneas y que debe castigarse esa manipulación», detallan los abogados de la familia Rodríguez Moyetones.
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