Caracas.- A través de las redes sociales de la Asamblea Nacional y de los diputados se transmitió la sesión ordinaria del Parlamento pospuesta para este miércoles, 15 de mayo, debido a que “por órdenes superiores”, el mayor de la Guardia Nacional Malaguera Hernández, nuevo encargado de la seguridad del Palacio Federal Legislativo, impidió el ingreso a los medios de comunicación, transgrediendo el derecho al trabajo y a la información.
El oficial, quien amenazó con detener a la prensa, justificó que las adyacencias del Palacio eran una zona de seguridad y los periodistas y trabajadores de la prensa no podían estar allí. Sin embargo, no pudo justificar la razón por la que permitía la permanencia de un toldo rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Bajo amenazas con un equipo anti motín, Malaguera ordenó a los medios bajar hasta la Esquina Pajaritos, casi a 200 metros de la Asamblea Nacional.
El trato para los diputados y trabajadores parlamentarios fue distinto: se les permitió el acceso sin mayor inconveniente. Solo debían mostrar sus credenciales. Incluso, la GN admitió que todos ingresarían, menos los trabajadores de la prensa. Es la segunda vez que se impide el trabajo. La primera se registró el pasado 7 de mayo, la sesión siguiente al alzamiento militar del 30 de abril.
Aproximadamente a las 11:30 a.m. inició la sesión ordinaria. Con la presencia de 96 diputados, se discutió sobre la detención del primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, las detenciones ilegítimas y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria; así como la destrucción del poder adquisitivo y un proyecto de acuerdo sobre el restablecimiento de la vigencia de la Convención Americana sobre los derechos humanos.
De los 14 diputados a los que se les ha allanado el fuero en la última semana por los hechos del 30 de abril, 11 son principales, por lo tanto, esa misma cantidad de suplentes debió incorporarse a la cámara. De acuerdo con un conteo de El Pitazo, solo estuvieron Arnoldo Benitez, suplente de Mariela Magallanes; Guillermo Palacios, suplente de Zambrano; Ángel Alvarado, suplente de Miguel Pizarro; y Carmen Sivoli, suplente de Carlos Paparoni.
Como una medida inconstitucional calificaron los parlamentarios la detención de Zambrano y la persecución en contra de más de 96 miembros de la cámara, según el presidente de la AN, Juan Guaidó, quien destacó que la única opción que queda en Venezuela es continuar luchando, desde el Palacio o cualquier otro escenario.
“La única bomba fue matar la democracia porque en la tarde sesionaron en el salón de al lado”, dijo en referencia al supuesto artefacto explosivo que encontraba en las instalaciones del Palacio, motivo por el cual el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la GN bloquearon el acceso en horas de la mañana; sin embargo, permitió la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que procedieron con el allanamiento de siete diputados.
La presidente de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández, insistió en solicitar una fe de vida de Zambrano porque, aunque el Tribunal Supremo de Justicia informó que el sitio de reclusión era Fuerte Tiuna, sus familiares y abogados aún no han podido verlo ni asistirlo.
El diputado Eustoquio Contreras sugirió a la junta directiva construir un mecanismo que les permita defender la inmunidad parlamentaria, que ha destruido la ANC.
Destrucción del salario
En el segundo punto del orden del día, sobre la destrucción del salario, el diputado Tomás Guanipa indicó que al menos 84% de la fuerza laboral, es decir 12 millones de personas, perciben salario mínimo en Venezuela, que al cambio en divisas no supera los 7 dólares. Señaló que la economía nacional solo tiene comparación con la de Haití, cuyo salario es de 77 dólares.
Mientras que el diputado Luis Silva apuntó que con el aumento salarial de mayo solo se puede comprar el 4% de lo que se adquiría en el mismo mes de 2018.
La parlamentaria Arkiely Perfecto, disidente del chavismo, expuso que la revolución que un día se ofreció solo ha cambiado los bolsillos “de los apátridas”. En tal sentido, propuso a Guaidó una red de defensa vecinal para desarrollar programas sociales que atiendan a la población más vulnerables.
Violaciones de DDHH en Venezuela
Los parlamentarios acordaron restablecer la vigencia del Pacto de San José, del cual Venezuela salió en septiembre de 2013. Para ello, dejaron sin efecto la denuncia interpuesta por el país en 2012.
De igual forma, la AN instruyó a Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, para que invite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a constatar la violación de los DDHH en Venezuela y para que designe nuevos agentes del Estado venezolano ante la Comisión y la CIDH.
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