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viernes, 11 octubre, 2024

Perseguidos políticos | Fundación reporta atención a 178 venezolanos durante agosto en Bogotá

La fundación Juntos se puede, con base en Bogotá, Colombia, reportó que desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto atendieron a 178 venezolanos perseguidos políticos. La organización pidió a la Cancillería colombiana mejora en los salvoconductos que otorga actualmente

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Desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto la fundación Juntos se puede recibió a 178 personas en Bogotá, Colombia, que salieron de Venezuela por motivos de persecución política por participar en distintas actividades a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Esta cifra corresponde a la capital colombiana y a diario es actualizada con quienes desde otras regiones reciben ayuda de la organización.

La mayoría de quienes llegaron a Bogotá en el mencionado periodo lo hicieron bajo circunstancias de peligro a su libertad e integridad física. La mayoría no logró sacar ropa, pertenencias o despedirse de sus seres queridos por la necesidad de salir tras denuncias, amedrentamiento, persecución o amenazas directas de mandatarios regionales.

La organización se encarga de ayudar con alimentación, hospedaje, atención psicóloga y asesoría legal a quienes van llegando a su sede. A la mayoría de ellos les están haciendo solicitudes de refugio, para que puedan optar por un estatus legal en Colombia, sin embargo, la preocupación de la fundación es sobre las normas de este proceso.

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En Colombia los solicitantes de refugio, mientras sus casos están en estudio, reciben un salvoconducto que estable que tienen prohibido trabajar legalmente, por lo que sus ingresos para cubrir las necesidades básicas son nulos mientras tienen respuesta de la Cancillería.

Por esta razón, Ana Karina García, directora de Juntos se puede, entregó un derecho de petición al canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, para que esa cláusula sea modificada y quienes tienen el salvoconducto, puedan trabajar y generar dinero para sus gastos diarios.

“Hoy tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional, la condición de refugio y que no pueden trabajar. Radicamos un derecho de petición para que se revise la solicitud y se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”, pidió García.

Desde la fundación mantendrán las conversaciones con las autoridades colombianas para intentar mejorar la situación de los perseguidos políticos.

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