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miércoles, 12 mayo, 2021

Perfil | Walter Márquez, el exdiputado que denuncia crímenes de guerra en Apure

A pesar de andar en silla de ruedas, el parlamentario se mantiene luchando por los derechos humanos de los habitantes de la frontera colombo-venezolana, azotados por violaciones de DDHH y persecución por grupos irregulares

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Caracas.- Nacido en Táchira en enero de 1951, Walter Márquez ha sido electo como diputado al parlamento y como embajador de Venezuela en la India, entre 1999 y 2004, y abandonó la militancia izquierdista del Movimiento al Socialismo (MAS) para enfocarse en investigar las violaciones de los Derechos Humanos por el gobierno que encabeza Nicolás Maduro.

Tras haber entregado su cargo diplomático en la India, donde promovió la firma de varios acuerdos de cooperación en materia agrícola, cultural, económica, comercial, espacial, energética y petrolera entre ambos países, se ha dedicado a defender los Derechos Humanos de los habitantes del eje fronterizo, como caficultores, cañicultores, ganaderos, empresarios, industriales, campesinos, transportistas y usuarios.

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En su desempeño, ha sido parte de reuniones de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y como defensor de las víctimas de las protestas de 2014 en el Táchira.

Márquez ha sido un acérrimo denunciante contra el gobierno de Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Países Bajos), especialmente contra la fiscal de la CPI Fatou Bensuda, por su “connivencia con la dictadura”, pues asegura que ha paralizado las 110 denuncias que se han presentado en los últimos años.

Actualmente es el director del Comité Internacional Contra la Impunidad y presidente de la Fundación el Amparo, desde donde ha hecho hincapié en la necesidad de mantener las denuncias contra el gobierno de Maduro por la violación de los Derechos Humanos de los habitantes de La Victoria, en el estado Apure.

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Más recientemente, entregó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh) y la CPI en la que las familias de La Victoria aseguran que se han cometido “crímenes atroces” contra la ciudadanía. Entre ellos, la detención y ejecución de cinco personas por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en la comunidad de El Ripial.

“En La Victoria, en el Alto Apure, se están cometiendo crímenes de guerra dentro de un contexto de un conflicto armado entre las fuerzas regulares venezolanas, Fuerzas Armadas Nacionales y grupos irregulares conformador por el Décimo frente de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc)”, dijo Márquez al Diario de Los Andes.

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