Partido Alianza del Lápiz denuncia ventajismo de Carmen Meléndez ante el CNE

Según un comunicado, el partido asegura que el documento llevado al CNE fue recibido por el rector Enrique Márquez, quien también es presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento

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Foto: Alianza del Lápiz

Caracas.- La secretaria nacional de Asuntos electorales del partido Alianza del Lápiz, Mayerling Occhino, denunció el viernes 29 octubre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que la candidata a la alcaldía de Caracas por el Psuv, Carmen Meléndez tiene ventajismo.

Según un comunicado, el partido asegura que el documento llevado al CNE fue recibido por el rector Enrique Márquez, quien también es presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Allí, Alianza del Lápiz afirma que están las pruebas «del uso de recursos públicos para la campaña política de la abanderada roja, haciendo mención directa a su participación como representante del Ejecutivo, en inauguración de obras públicas, así como en distintas actividades del Estado», esto sin contar con un cargo público que la acredite para tal fin, explicó Occhino a la salida del ente comicial.

La candidata a concejal de lista en Caracas aseveró que el uso de recursos y bienes públicos para fines proselitistas está prohibido en el ordenamiento jurídico venezolano. Refirió al respecto lo tipificado en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lope). «En las pocas horas que tenemos de campaña vemos en redes sociales y medios del Estado una violación flagrante del 75 de la LOPE. Durante la precampaña fue esto lo que marcó la agenda de la candidata», enfatizó.

Tras insistir que los medios públicos vuelven a ser usados de forma desproporcionada para favorecer a los candidatos del oficialismo, Occhino apuntó que esta denuncia persigue que el organismo a cargo del rector Márquez abra una investigación al respecto. «En medio de una campaña tan corta y con tantas limitaciones económicas por la crisis país, el uso desproporcionado de los medios públicos puede suponer un incorrecto desbalance para quien disponga ilegalmente de ellos», sumó.

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