Caracas.- El 5 de enero de 2020, el diputado Luis Parra encabezó una toma de la sede de la Asamblea Nacional (AN), con el respaldo del chavismo, para arrogarse facultades presidenciales del ente legislativo. Un mes después, los nombres de los supuestos 30 supuestos diputados disidentes de oposición que apoyaron la medida sigue siendo un misterio.
En rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo, Parra presentó este 5 de febrero un balance de los logros que, de acuerdo con su óptica, obtuvo su gestión en los últimos 30 días. Si bien llamó a construir normalidad institucional de su denominada «rebelión de las regiones», evitó presentar pruebas sobre el quórum que sustenta su presidencia irregular y, en tal sentido, la totalidad de parlamentarios que integran la fracción parlamentaria denominada Venezuela Unida.
Al preguntarle acerca de la cantidad de legisladores que acuden a los actos convocados por su directiva desde el 5 de enero, Parra dijo que la «la nómina de los diputados es pública» y que corresponde cada diputado «en el ejercicio de sus funciones decir si asiste o no al Parlamento». En las seis «sesiones» de Parra no se han contabilizado más de 60 legisladores, pero sí numerosas sillas vacías, así como la presencia de la fracción chavista, integrada por algunas personas que no son diputados.
DIPUTADOS JURAMENTADOS POR PARRA ESTÁN LEJOS DE SER PRINCIPALES
A partir de la reunión parlamentaria del 21 de enero, la bancada que lidera Parra ha incorporado a seis suplentes por listas regionales, cuyas designaciones violentan el Reglamento de Interior y de Debate, puesto que los legisladores principales y sus suplentes permanecen activos.
“Hemos reiterado una y otra vez que lo que ocurrió el 5 de enero está reflejado, fundamentado y soportado en la Constitución, el mecanismo de la acción parlamentaria se cumplió a cabalidad, cumpliendo con los extremos de formalidad de ley para la escogencia de la directiva”, remarcó.
En este sentido, Parra aseguró que entregó, sin revelar detalles, todos los requerimientos solicitados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que lo reconozca al mando del Legislativo, junto a Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega en la segunda vicepresidencia. Recordó que dicha acción responde a un recurso interpuesto por el político Enrique Ochoa Antich el pasado 9 de enero.
Su balance, entre tanto, se abocó principalmente en emitir mensajes contra la oposición aliada a Juan Guaidó e insistir en que su movimiento dio un paso para frenar la confrontación política en Venezuela. Sin embargo, Parra reiteró su invitación al bloque parlamentario opositor a incorporarse a las tareas parlamentarias en la sede de la AN.
Además, negó que haber ordenado impedir el ingreso a las instalaciones del Palacio Legislativo, pues dijo que la Guardia Nacional es la encargada de custodiar el recinto.
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Aunque eludió referirse a la presencia del mandatario interino durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, afirmó que el «camino del show quedó en el pasado» y que su prioridad está en construir una «normalidad institucional» en el país.
«Nosotros decidimos dar un paso para salir de la confrontación política y salvar al parlamento», dijo comparando su movimiento con la deserción de la fiscal general Luisa Ortega Díaz o el levantamiento militar liderado por el exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, asesinado por fuerzas de seguridad del Estado en enero de 2018.
El legislador yaracuyano, quien fue expulsado de las filas de Primero Justicia por su presunta vinculación con empresarios detrás de los Clap, dijo que «rebelión de las regiones» representa la voz de «liderazgos que fueron ignorados» por la dirigencia opositora.
Parra destacó que sus acciones desde hace un mes se han enfocado principalmente en auditar la presidencia en la AN de Juan Guaidó en 2019. En tal sentido, catalogó a la anterior directiva como parte «de la polarización de cuatro años seguidos que dejaron un balance de muertos, exiliados, presos y perseguidos políticos».
Además, aseguró que recibió al Parlamento «con absoluto abandono de su planta física», afectando las labores del personal del recinto legislativo.
Denunció el aumento «irresponsable» de la nómina de trabajadores parlamentarios. Según Parra, en cuatro años el número de empleados pasó de 3.600 a 4.420. También dijo que presume de un manejo ilícito de recursos que pertenecen al Poder Legislativo por parte de la directiva que estuvo al frente de la AN el año pasado.
«Hay personas que cobran pero no cumplen horarios, también hay otras que están fuera del país (…) Seguiremos un proceso de auditoría para sanear la administración del Parlamento. La gente tiene derecho a saber quién trabaja en este parlamento, nos vamos a encargar de publicar las nóminas” «, sostuvo.
Sobre la materia legislativa, indicó que en total bajo su jefatura se habían conseguido 17 actuaciones parlamentarias y las enumeró en la aprobación de tres acuerdos, la creación de tres comisiones especiales, “un invitado especial”, siete debates, una designación y seis sesiones.