Padres de Juan Pablo Pernalete: Se nos sigue negando la verdad

A cuatro años del asesinato del joven estudiante, revelan que a nueve oficiales de la Guardia Nacional les imputaron el delito de homicidio preterintencional

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José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera de Pernalete, padres de Juan Pablo, joven asesinado durante las protestas de 2017. Foto: Cortesía.

Este 26 de abril se cumplen cuatro años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, un joven de 17 años que salió a manifestar durante las protestas de 2017.

El caso de Juan Pablo fue el detonante para que la hasta entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rompiera filas con el chavismo al señalar en una rueda de prensa que el estudiante había muerto tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho.

Desde entonces, el camino por obtener justicia de Elvira y José Gregorio, padres de Juan Pablo, ha sido largo. Este lunes participaron en la presentación del informe anual que realizó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet).

Desde ese espacio, la familia Pernalete informó que el Ministerio Público imputó a nueve oficiales de la Guardia Nacional (GN) por el delito de homicidio preterintencional, algo con lo que no están de acuerdo.

Para ellos, es exigencia que se individualice la responsabilidad y, además, que ésta sea extendida a la cadena de mando: argumentan que la acción que cometió el militar ese 26 de abril en Altamira, Caracas, no fue un hecho aislado sino que forma parte de “un patrón sistemático para acallar a la disidencia” representado en ese momento por el denominado Plan Zamora que, según organizaciones de derechos humanos, se tradujo en detenciones masivas, la muerte de aproximadamente cien manifestantes y la aplicación de la justicia militar a civiles.

“Se nos sigue negando la verdad y la justicia (…) Queremos justicia verdadera y no a conveniencia”, dijo la señora Elvira.

La pandemia y la vulneración de los derechos humanos

El informe presentado por el CDH-Unimet destacó que en 2020, a raíz de la pandemia y el decreto de Estado de alarma aprobado por la administración de Maduro, se profundizó la emergencia humanitaria compleja debido a la vulneración de los derechos fundamentales de la población.

Resaltaron la criminalización de los pacientes con COVID-19 y que debido al subregistro de casos no se tomaron las medidas sanitarias apropiadas para evitar la expansión del virus.

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Registraron un total de 58 casos de detenciones arbitrarias, ocurridas entre marzo de 2020 y diciembre de 2020, en las que hubo violación al debido proceso, desapariciones forzadas y allanamientos sin órdenes.

Abril, con un 29% (17 casos), fue el mes que presentó un mayor número de casos de detenciones arbitrarias y los periodistas fueron las víctimas más frecuentes de éstas detenciones con un 53% (31 casos); seguido de defensores y activistas con un 14%.

De acuerdo con la organización, la GN estuvo involucrada en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias en un 27,6% (16 casos).

Asimismo, registraron un total de 43 casos de intimidaciones y amenazas ocurridas en 2020, así como ocho casos de tratos degradantes.

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