Familiares de un grupo de al menos 12 presas políticas que comparten una celda en la cárcel La Crisálida, ubicada en Los Teques, denunciaron a la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que por falta de higiene se contagiaron de piojos y la directora Francis Vélez impide el acceso de productos para combatir la infección.
Desde hace varias semanas, la organización ha hecho seguimiento a denuncias hechas por familiares, quienes aseguran que las detenidas no tienen acceso a duchas y deben conformarse con dos tobos de agua, que le suministran a cada celda, donde permanecen entre 15 y 18 mujeres.
Según los testimonios colectados por el OVP, las reclusas deben turnarse para asear solo sus partes íntimas porque es para lo que les alcanza. También se organizaron para poder lavarse el cabello, al menos, una vez a la semana.
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Las mujeres manifiestan irritabilidad y ansiedad, especialmente cuando atraviesan su periodo menstrual, porque no tienen acceso a una ducha. Algunas custodias atribuyen la poca agua que reciben a un racionamiento, pero El Pitazo indagó sobre el suministro en la comunidad El Retén, donde se ubica esta cárcel, y vecinos aseguraron que reciben el servicio de manera interdiaria.
Más denuncias
La falta de higiene que denuncian los familiares de las presas políticas generó infecciones urinarias en varias de ellas, ya que hacen sus necesidades en letrinas y no tienen acceso al agua para asearse cada vez que lo requieran.
Tampoco se les permite el ingreso de alimentos por parte de sus familias, por lo que deben comer la dieta del penal, basada en arepas elaboradas con harina del CLAP, frijoles, arroz con auyama y, en ocasiones, pasta o arroz con carne molida.
La noche del jueves 17 de octubre, se registró una requisa en esta cárcel, que culminó con el decomiso de teléfonos y el traslado de varias detenidas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), también situado en Los Teques, y a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
Esa noche también hubo una requisa en el INOF, que significó la detención de la directora Ahiza Maestre por, presuntamente, permitir el ingreso de 55 celulares al penal. La funcionaria fue presentada en tribunales por los delitos de retraso u omisión agravada de funciones e introducción ilícita de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.
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