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miércoles, 12 junio, 2024

Organizaciones de la sociedad civil y DD. HH. rechazan judicialización de elección Primaria

Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos en Venezuela llaman a la ciudadanía a mantener la firmeza para "sortear los múltiples intentos que existen y vendrán, con intención de minar la ruta hacia unas elecciones libres en 2024 y en 2025"

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Caracas.- Un hito cívico. Así calificó la elección Primaria del 22 de octubre, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG), de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, que se pronunció este jueves, 2 de noviembre, en rechazo a la judicialización del proceso electoral interno opositor.

Advirtió sobre el patrón de persecución por razones políticas reflejado en las acciones del Poder Judicial y del Ministerio Público contra el proceso electoral y miembros de la Comisión Nacional de Primaria.

En el pronunciamiento conjunto de este jueves 2 en Caracas, las ONG, representadas por Griselda Colina (Observatorio Global de Comunicación y Democracia), Alí Daniels (Acceso a la Justicia) y Rafael Uzcátegui (Provea), puntualizaron que las amenazas, criminalización y judicialización de la elección del 22 de octubre «acechan la ruta democrática en Venezuela y con ello la esperanza por un cambio pacífico y una vida digna para los venezolanos».

«La primaria se convirtió en un hito cívico para la ruta de la reinstitucionalización democrática en Venezuela, que demostró capacidades de movilización y organización de las fuerzas cívicas y democráticas, y el compromiso de millones de venezolanos que dijeron en voz alta y fuerte que el camino es pacífico, es electoral y es constitucional», detalló Colina sobre el pronunciamiento de las ONG.

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Defender los resultados de la Primaria del 22 de octubre, en la que participaron más de 2.400.000 venezolanos, fue uno de los exhortos de las ONG el jueves. «Hoy elevamos nuestra voz para exigir respeto a la expresión popular y la voluntad de cambio manifestada el 22 de octubre, y para exigir que se cumplan los recientes acuerdos alcanzados por los actores en pro de la dignidad de los venezolanos».

El TSJ, instrumento de persecución

Uzcátegui destacó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Primaria, que ordenó suspender todas las fases del proceso electoral interno de la oposición, ratifica la capacidad de adaptación de un Gobierno no democrático para tratar de silenciar la crítica, mediante el «uso de métodos duros y blandos», como lo señala la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.

«Los jueces, juezas y fiscales de nuestro país se han convertido en autores, promotores, de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad (…) a pesar de que vimos más de 30 situaciones lesivas a los derechos a la participación en la propia jornada del 22 de octubre, y diferentes formas de intimidación, fue la judicialización el mecanismo elegido por las autoridades para intentar evaporar un hecho político», precisó el representante de Provea.

La decisión del TSJ de suspender los efectos de la Primaria por la vía judicial, tras una serie de amenazas gubernamentales directas e indirectas, refleja además -de acuerdo con el pronunciamiento de las ONG- que la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado y el Gobierno «continúa intensificando sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático en Venezuela».

Violación de derechos fundamentales

Daniels advirtió sobre el uso del sistema judicial en Venezuela para violar derechos fundamentales de los venezolanos, como lo demostró la reciente decisión del TSJ sobre la Primaria del 22 de octubre, una acción que vulnera el derecho a la participación en los asuntos públicos y el ejercicio de libertad de asociación para escoger un candidato o candidata a la Presidencia de la República.

«Realizar esto, días antes de la audiencia ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional evidencia que no se han realizado cambios en el sistema de justicia y que, por el contrario, se lo sigue utilizando en violación de los derechos fundamentales de los venezolanos», agregó el codirector de la ONG Acceso a la Justicia.

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Acerca de las acciones y señalamientos de la Fiscalía contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria y de las Juntas Regionales del proceso, Daniels precisó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la privacidad, al honor y a la reputación.

Daniels destacó que no es posible hablar de un supuesto fraude electoral el 22 de octubre, como sostienen voceros del oficialismo, y mucho menos de delitos como la usurpación de función electoral.

El codirector de Acceso a la Justicia destacó que la decisión de la Sala Electoral del TSJ no anula la Primaria del 22 de octubre, sino que suspende sus efectos, lo que tiene otras connotaciones.

Inhabilitaciones políticas

Acerca de las inhabilitaciones políticas, que afectan a la ganadora de la Primaria, María Corina Machado, y a otros aspirantes que participaron en la contienda electoral, Daniels precisó que la decisión del TSJ, que alude a las inhabilitaciones, parece confirmar una sanción administrativa sin el debido proceso, e incluso sin ser competencia de la propia Sala Electoral.

«Esa potestad le corresponde a la Sala Político Administrativa (…) es importante resaltar que tales inhabilitaciones fueron impuestas inconstitucionalmente por la Contraloría General en contra de los tratados internacionales de derechos humanos en la materia suscritos por Venezuela, así como en contra de la propia Constitución», destaca el pronunciamiento conjunto de las ONG.

Como exhorto final, las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos llaman a la ciudadanía a mantenerse firme para «sortear los múltiples intentos que existen y vendrán, con la intención de minar la ruta hacia unas elecciones libres en 2024 y en 2025».

«Es el momento del ejercicio de la política pensando en el bien común, el momento para cuidar la esperanza, para la generación de consensos que garanticen el respeto a los DD. HH., justicia independiente, institucionalidad y gobernabilidad democrática», concluye el pronunciamiento.

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