Caracas.- Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para manifestar su rechazo a la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que fue publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021.
En el pronunciamiento de estas organizaciones se lee que su desacuerdo es «por constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano».
Esta providencia obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1º de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (Osfl), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial.
La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro aprobó el proyecto de ley de Cooperación Internacional el viernes 16 de abril. Este proyecto tiene como finalidad controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tal y como sucede en Nicaragua con la Ley de Agentes Extranjeros aprobada por el gobierno de Daniel Ortega.
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