Caracas.- Este miércoles, 11 de septiembre, la oposición de Venezuela se movilizó hasta la Embajada de Brasil en Caracas, solicitando por medio de una carta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que interceda por los presos políticos en el país, estimados en 1.793, según el Foro Penal.
La manifestación fue convocada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que también reitera su rechazo a la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, denunciando fraude y reivindicando la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España.
La líder opositora María Corina Machado reafirmó que la estrategia del antichavismo continuará pese a la salida del país del presidente electo. Machado insistió en que el gobierno de Maduro no logrará consumar lo que llama un «golpe de Estado a la soberanía popular» y aseguró que González Urrutia será juramentado como presidente.
Mientras tanto, Lula ha pedido a Maduro que demuestre su victoria en los comicios, que siguen siendo objeto de controversia.
Allegados de presos políticos cuestionan actuación de los defensores públicos
¿Qué dice la carta que entregaron en la Embajada de Brasil?
Nosotros, familiares de los presos políticos, exprisioneros políticos, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil venezolana dentro y fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, nos dirigimos a usted para expresar nuestro sincero agradecimiento por su preocupación ante la crisis política venezolana, así como su firme convicción y voluntad de interceder para lograr el cese de este conflicto.
Nosotros, como víctimas secundarias o directas del conflicto, queremos hacer de su conocimiento que en Venezuela se están cometiendo actos de terrorismo de Estado, como secuela de la pérdida de legitimidad legal y popular del actual Gobierno, cuestión evidenciada por la conducta que asumió luego de su derrota en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que lo llevó a cometer un fraude electoral contra la voluntad del pueblo y a ejecutar un vasto plan de acallar, reprimir y criminalizar cualquier voz que disienta de la postura oficial.
Señor presidente, estamos frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad según la tipificación del Estatuto de Roma en su artículo 7. Estos crímenes son competencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Vale recordar que Venezuela es el único país de la región con una investigación abierta ante este órgano internacional de justicia.
El actual Gobierno venezolano adelanta una ola represiva y de persecución política a escala masiva, mediante detenciones arbitrarias y fuera de ley, asesinatos, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y otros tratos inhumanos, que ha llevado a que más de 2.400 venezolanos se encuentren injustamente privados de libertad, muchos de ellos continúan en condición de desaparición forzada y 25 perdieron la vida en los eventos posteriores al proceso electoral.
En Venezuela se han instaurado prácticas de terrorismo de Estado, como lo ha denunciado la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de agosto en un comunicado. Estas prácticas son ejecutadas a través de la instrumentalización política de los servicios de inteligencia del Estado venezolano, grupos paraestatales y el sistema de justicia contra los disidentes, ya sea una disidencia real o solo una percepción de los órganos del Estado.
Estos ciudadanos son víctimas de crímenes atroces, mientras la negación del derecho a la defensa y al debido proceso es el común en estos casos. En el último mes, miles de venezolanos encarcelados por razones políticas han sido sometidos a procesos judiciales injustos, en contravención de lo estatuido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por la República.
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica han sido creadas para perseguir a disidentes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, trabajadores y activistas sociales, representantes de partidos políticos de oposición, miembros de la fuerza armada y adolescentes. Estos actores sociales han sido presentados ante tribunales que no cuentan con independencia ni imparcialidad para su actuación jurídica, violándose el debido proceso.
Por otra parte, los presos políticos en Venezuela padecen condiciones inhumanas de reclusión, son víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en clara violación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Especial preocupación suscita la situación de más de 200 mujeres presas políticas, sometidas a diversas formas de violencia, en abierta violación de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humano, la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, entre otros.
Asimismo, en los últimos meses, los sectores de la sociedad civil más afectados por la represión han sido las comunidades más vulnerables. Las detenciones de sus familiares agravan las condiciones de pobreza en las que ya vivían. Muchos de estos presos políticos fueron trasladados a centros penitenciarios comunes, ubicados lejos de sus hogares, lo que imposibilita visitas familiares.
En los pocos casos en los que familiares han logrado llegar a estos centros de detención, se les ha negado el derecho a la visita, un patrón constante desde las detenciones posteriores al proceso electoral del 28 de julio. A la fecha, la mayoría de estos presos políticos no han podido ver a sus seres queridos.
A esto se suma, el asedio constante que sufren las sedes diplomáticas, en especial a las que acogen a líderes opositores perseguidos, con la intención de crear zozobra y de preparar el terreno para una incursión en dichos lugares, lo que constituiría una grave violación de las normativas internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y consulares. Un ejemplo de esto, el más reciente acoso a la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, hoy bajo resguardo de Brasil, que el fin de semana pasado vivió momentos de máxima tensión ante la posibilidad real de un ingreso para capturar a seis dirigentes allí asilados y protegidos por el Gobierno argentino.
Ante este escenario, queremos presentar un conjunto de exigencias por las cuales solicitamos que se interceda desde el Gobierno de Brasil con sus buenos oficios para restaurar la justicia, la dignidad de miles de ciudadanos y avanzar hacia una solución pacífica del conflicto. Por ello, le solicitamos tomar en consideración las exigencias que estamos haciendo a las instituciones venezolanas:
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Libertad plena e inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares, sometidos a juicios sin garantías de imparcialidad judicial, en franca violación de sus derechos fundamentales.
- Libertad plena e inmediata para todos los adolescentes y menores de edad presos por razones políticas, víctimas de detenciones arbitrarias.
- Libertad plena e inmediata para las 225 mujeres presas por razones políticas, quienes sufren condiciones inhumanas e indignas en los centros de reclusión.
- Libertad plena e inmediata para las personas detenidas con discapacidad.
- Libertad plena e inmediata de las personas excarceladas sobre las cuales se sigue un proceso judicial por razones políticas.
- Libertad plena e inmediata para los periodistas encarcelados por ejercer su labor de informar, opinar y difundir el acontecer nacional, derecho amparado por nuestra Constitución y nuestras leyes, y esencial en toda democracia.
- Libertad para todos los presos políticos que ya han cumplido condena y que, a pesar de contar con boleta de excarcelación, siguen injustamente detenidos.
- Cese inmediato de la represión, la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, la persecución política, los arrestos arbitrarios, las desapariciones forzadas, los allanamientos sin orden judicial, el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir manifestaciones y la criminalización de las actividades de protesta pacífica.
- Solicitamos para realizar las gestiones necesarias que se emitan urgentemente los salvoconductos de los seis perseguidos políticos de la oposición —cinco de ellos directivos nacionales del comando de campaña ConVZLA—: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, junto a Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, quienes se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, hoy protegida por el Gobierno de Brasil, de conformidad con lo establecido en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático y demás normas del Derecho Internacional.
Confiamos en su liderazgo, en su sensibilidad ante las injusticias perpetradas en Venezuela, y en su compromiso con la paz y los derechos humanos, como exprisionero político, para que esta situación no sea ignorada por toda la comunidad internacional. Agradecemos de antemano su atención y cualquier gestión que pueda realizar en favor del pueblo venezolano.
Atentamente,
Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos.
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