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jueves, 6 agosto, 2020

ONU busca nuevo coordinador representante en Venezuela

Defensores de los Derechos Humanos expresan que es necesario hacer un cambio, ya que Peter Grohmann, quien es el actual coordinador de Naciones Unidas en el país, no ha tratado la situación venezolana como es debido, además de mantener afinidad política con el gobierno de Nicolás Maduro

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Caracas.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su página United Nations Careers, abrió una convocatoria, desde el 11 de junio hasta el 10 de julio, para postularse al cargo de coordinador representante residente en Venezuela, cargo que ocupa, hasta los momentos, Peter Grohmann

Grohmann, de nacionalidad alemana, ha ocupado el mismo cargo en el Reino de Bahrein, fue director del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Panamá y fue representante residente adjunto del Pnud en El Salvador y Belice. Fue en 2016 cuando Grohmann fue designado por la ONU para ser coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Pnud en Venezuela.

Sin embargo, defensores de los Derechos Humanos en Venezuela indican que en la gestión de Grohmann se destacan débiles o nulos pronunciamientos acerca de la emergencia humanitaria que atraviesa el país y cuestionamientos a informes que detallan la crisis del país por parte de ONG encargadas de defender los Derechos Humanos.

Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de la Organización de Derechos Humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), indicó que una de las principales críticas por parte de los defensores de Derechos Humanos a la gestión del representante residente es que no ha sido una persona independiente del gobierno.

“Evita hacer cosas que incomoden a la política del Gobierno, a pesar de que nosotros, años atrás, veníamos alertando de la aparición de indicadores alarmantes que avizoraban la aparición de una emergencia humanitaria en el país. Ni él ni ninguna agencia informaron sobre lo que estaba pasando a las Naciones Unidas. Lo que hacían era reenviar los informes oficiales, muchos de ellos con cifras desactualizadas y que no estaban dando cuenta del deterioro”. 

El abogado especialista en Derechos Humanos, Carlos Nieto Palma, señaló que la gestión de Grohmann ha estado muy politizada porque el representante solo se ha encargado de hablar con funcionarios del régimen de Maduro, dejando de lado encuentros con las organizaciones defensoras de derechos.

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En distintas notas de prensa publicadas por medios digitales se evidencian las reuniones sostenidas por Grohmann con funcionarios del oficialismo.

“Hay que atender las necesidades de la población, ya que se está pasando por una coyuntura complicada y obviamente tenemos que llevarlo a una sostenibilidad en el futuro. Para lograr esto en Venezuela hay que tener los datos de las diferentes áreas sociales para que se pueda monitorear el progreso”, expresó el representante residente de la ONU, en un encuentro que sostuvo con Nicolás Maduro el 12 de enero de 2019. 

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Durante ese mismo mes se hizo la primera reunión entre las ONG y las diferentes agencias de la ONU para abordar la emergencia humanitaria, señaló Uzcátegui. “La reunión se dio cuando ya la emergencia era grave. Esto refleja el retardo en la reacción de lo que es una realidad evidente”.

El 16 de enero de 2019, Provea, junto a 120 ONG defensoras de los Derechos Humanos, emitieron un comunicado donde instaban a la ONU a tener una actuación coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria. Asimismo, consideraron preocupante la asistencia de Grohmann y representantes de las agencias con sede en el país al acto de juramentación de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019, ante el Tribunal Supremo de Justicia, “permitiendo que esta comparecencia fuese interpretada y promovida por el propio gobierno como un respaldo político del Sistema de las Naciones Unidas a la legitimidad de dicho acto”.

En noviembre de 2018, en rueda de prensa, Voluntad Popular pidió a la ONU cambiar al coordinador representante residente en Venezuela por su silencio ante la crisis que se vive en el país. “Es inaceptable que con presupuesto, es inaceptable que con personal técnico, es inaceptable que ante lo que ocurre no haya habido la elaboración de al menos un informe”, dijo la actual diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Manuela Bolívar.

El 10 de julio, a través de correo el electrónico, El Pitazo, solicitó una entrevista con Peter Grohmann. Sin embargo, para el momento de publicación de este trabajo no se ha obtenido respuesta.

Ayuda humanitaria 

Peter Grohmann indica que los protocolos sanitarios en los Pasi se cumplen adecuadamente. Sin embargo, organizaciones de DD. HH. han denunciado maltratos a los retornados y precarias condiciones de los puestos de control. Foto: Cortesía VTV

Los especialistas y defensores de Derechos Humanos, Nieto y Uzcátegui, hicieron énfasis en que la poca importancia que le ha dado Grohmann a los informes realizados por las distintas organizaciones venezolanas referentes a la crisis, los pronunciamientos débiles acerca de la situación que se vive y el privilegio que se le ha dado a las interlocuciones oficiales con cooperantes internacionales dejando por fuera a las organizaciones venezolanas, han hecho que se retrase el avance de la propia respuesta humanitaria y deja a millones de venezolanos a la espera injustificada de la ayuda.

“Entonces, más que ser un actor que solventa y ayuda a abordar el problema de manera correcta, más bien obstaculiza y retrasa la respuesta necesaria, porque se emite el mensaje de que hay una situación que el gobierno está controlando, que no es tan grave como las ONG lo denuncian. Esto hace que la comunidad internacional no tenga un diagnóstico cierto de lo que está sucediendo. Como consecuencia trae que no se le dé atención suficiente a las decisiones que hay que tomar con respecto a la ayuda humanitaria”, explicó Uzcátegui.

El coordinador general de Provea indicó que uno de los deberes del coordinador representante residente es exigir cifras reales de lo que está sucediendo con la evolución del COVID-19 en el país. Sin embargo, la ONU toma como ciertas las que emite el régimen. “Tampoco se ha exigido que exista una coordinación efectiva dentro de los centros de salud o que se solucione la situación de estigmatización de los retornados y la situación desfavorable en la que están los centros donde están estas personas. No ha habido supervisión suficiente que obligue que se cumplan con los estándares internacionales”. 

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A pesar de las denuncias realizadas con respecto a la situación de los retornados y las precarias condiciones en la que se encuentran los Puesto de Atención Integral (Pasi), en una visita realizada el 24 de junio por Grohmann y el coordinador humanitario adjunto, Samir Elhawary, indicaron que los protocolos sanitarios de los Pasi ubicados en el estado Bolívar son rigurosos.

En abril, la ONU y la OPS informaron del envío de ayuda humanitaria para atender la situación del COVID-19 en el país, acuerdo al que llegaron en una reunión sostenida con la vicepresidenta Delcy Rodríguez; con el canciller Jorge Arreaza y con el ministro de Salud, Carlos Alvarado. Por parte de la ONU estuvo el coordinador residente de la entidad en Venezuela, Peter Grohmann.

“Es lamentablemente que en la recepción de esa ayuda se le dio privilegio al gobierno, en un país polarizado donde el Gobierno iba a politizar la recepción de esa ayuda. Después se priorizó la entrega a los propios funcionarios del Estado y no existe la posibilidad de hacer contraloría ciudadana y social sobre lo que se entrega y dónde. Esa opacidad y ausencia de transparencia hace posible que haya corrupción”, señaló Uzcátegui. 

“Creemos que los pronunciamientos débiles han prevalecido por la necesidad de que las agencias de las Naciones Unidas se mantengan en el país y ese es un riesgo que no solo lo estamos viendo con Grohmann, sino con otros actores de las Naciones Unidas, incluyendo los oficiales del Alto Comisionado. Es una tensión permanente entre hacer su trabajo y hacerlo de una manera que no incomode al gobierno para no tener que irse del país”, concluyó Uzcátegui.

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