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sábado, 7 diciembre, 2024

ONG registró 183 ataques a defensores de DD. HH. en primer trimestre 2021

El Centro para los Defensores y la Justicia destaca que el gobierno de Maduro mantiene una campaña sistemática de persecución y criminalización contra diversas ONG

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Caracas.- El más reciente informe del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) revela que en el primer trimestre del 2021 se registraron 183 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un aumento del 259% en relación al mismo período en el año 2020.

El informe Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – Primer trimestre 2021, presentado este 27 de abril, detalla que se registraron: 107 casos de estigmatización; 31 de intimidación y hostigamiento; 13 amenazas; 10 judicializaciones; 9 detenciones arbitrarias; 3 allanamientos; 3 ataques digitales y otros 7 casos no descritos.

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Así mismo, el documento destaca que las campañas sistemáticas de estigmatización, descredito y desprestigio contra quienes defienden y exigen derechos humanos constituyen la principal forma de agresión, con discursos de odio y violencia de parte de funcionarios de alto nivel del gobierno de Maduro buscan criminalizar un trabajo humano reconocido por el derecho internacional.

“El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos, enfrentándose a diversos riesgos asociados a la lógica del enemigo interno”, sostiene el informe de la ONG.

También destacan que esta escalada de ataques se da en un contexto en el que hay una considerable reducción del espacio cívico y democrático y a criminalización de la cooperación internacional.

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Por otra parte, el informe señala que durante el Estado de Alarma decretado tras la llegada de la pandemia de COVID-19 al país, se registraron 455 agresiones e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos y desarrollan acciones humanitarias.

Para la ONG, esto revela “el recrudecimiento de la Política de Criminalización y lógica del enemigo interno aplicada contra quienes defienden y exigen derechos”.

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