ONG rechazan que gobierno de Maduro pretenda criminalizar cooperación internacional

Representantes de distintas organizaciones se pronunciaron luego de la detención de cinco miembros de Azul Positivo y los ataques contra Provea y otros defensores de derechos humanos

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Azul Positivo es una ONG que se encarga de dar respuesta al impacto del VIH en la entidad zuliana | Foto: Provea

Distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron este jueves, 14 de enero, la persecución contra organizaciones y defensores de derechos humanos. Específicamente la detención de cinco miembros, cuatro directivos y un promotor social) de la organización Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo).

Esta organización, conformada en su mayoría por jóvenes, busca dar respuesta al impacto del VIH en la entidad zuliana a través de campañas de sensibilización y promoviendo medidas de protección en la segunda entidad con más casos en el país.

El 12 de enero, los cuatro directivos de Azul Positivo fueron detenidos junto al chofer de la organización, quien fue liberado en la madrugada del 13 de enero. Mientras que uno de los promotores sociales fue detenido la noche del 12 en su hogar.

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La sede de la organización fue allanada. De allí se llevaron tres computadoras, cinco teléfonos y 12 tarjetas prepagadas de asistencia por alimentos así como los datos de los beneficiarios.

Y éste es un elemento interesante porque precisamente a raíz de estas transferencias directas, están presentes en el plan de respuesta humanitaria de la ONU.

Estas transferencias que pueden ser a través de estas tarjetas prepagadas para que las personas adquieran alimentos, es una actividad lícita, defienden Juan Berríos, representante de la red de defensores de derechos humanos del estado Zulia y Feliciano Reyna, representante de Acción Solidaria. Ambos defensores insisten en que esta cooperación internacional es legal en el país.

De hecho, Berríos señaló que la investigación se inició por el financiamiento de estos instrumentos que manejan varias organizaciones. Una de ellas, Alimenta la Solidaridad, la cual también fue allanada.

“Defendemos el derecho a movilizar e implementar los recursos, no solo económicos, de la cooperación internacional para, a su vez, poder defender otros derechos y para acompañar a víctimas”, agrega Reyna.

Añade el defensor que es a través de esta vía de las transferencias que se pretende seguir un patrón de criminalización del trabajo de las ONG y la cooperación internacional. “Un régimen autoritario hará todo su esfuerzo por callarnos (…). Haremos lo posible por mantener nuestros espacios (…). Apagar voces deja a una sociedad desprotegida”, dijo Reyna.

Berríos informó que los cinco activistas están incomunicados desde su detención pues no se les permitió hablar con su defensa o familiares. Tampoco se sabe qué cargos se les imputa.

A la hora de la rueda de prensa, solo se sabía que serían presentados en tribunales militares según les indicó un funcionario de la Dgcim. Sin embargo, al mediodía se supo que el tribunal militar declinó su competencia y los cinco defensores serán presentados en tribunales ordinarios.

El silencio del coordinador humanitario en el país así como de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) también es un punto que preocupa a los defensores puesto que se trata de una organización aliada.

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos también se pronunció la tarde de este 14 de enero mediante un comunicado en el que expresan su “profunda preocupación por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela”.

Desde la oficina de Michelle Bachelet recuerdan que en menos de dos meses se han allanado dos ONG, por lo que instan al gobierno de Nicolás Maduro a que “dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida».

Los defensores de derechos humanos también se solidarizaron con Provea y Rocío SanMiguel quienes fueron mencionados por Diosdado Cabello, vicepresidente del Psuv. También con los medios de comunicación que han sido señalados por altos funcionarios del gobierno de Maduro.

Sostienen que estos ataques no los detendrán en su labor de acompañamiento en medio de una crisis humanitaria compleja.

Azul Positivo

La ong Azul en Positivo ha atendido a más de 43.902 personas en zonas rurales del Zulia y su frontera entre 2015 y 2020. También realizaron casi mil pruebas gratuitas para detección del VIH en 2020.

Azul Positivo no es la primera ONG que atiende a pacientes de VIH. En 2019, a la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) se le decomisaron medicamentos.

De acuerdo a Alberto Nieves, representante de la organización Acción Ciudadana Contra el SIDA (Accsi), el trabajo de 16 defensores de derechos humanos que trabajan con la comunidad VIH, se vio afectado en 2018.

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