Caracas.- La organización Justicia, Encuentro y Perdón expresó el domingo su preocupación ante las críticas condiciones de salud de varias personas detenidas por motivos políticos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. La ONG destacó casos que requieren atención médica urgente y medidas humanitarias inmediatas.
Uno de los casos señalados es el de Arianna Pinto, una joven de 20 años, quien se encuentra desde el 12 de agosto en el hospital Joaquina de Rotondaro, municipio Tinaquillo, estado Cojedes. Pinto, quien se dedicaba a labores agrícolas, padece insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo I e hipertensión arterial, además de convulsiones casi diarias. Su condición de salud ha empeorado mientras espera una medida humanitaria que le permita recibir tratamiento adecuado.
Arianna Pinto está presa en el hospital de Tinaquillo: líder de una UBCH la denunció por terrorismo
Su madre, Elizabeth Pinto, ha solicitado medidas humanitarias, argumentando la inocencia de Arianna y su necesidad urgente de atención médica especializada. A pesar de las recientes excarcelaciones de presos políticos por razones de salud, Arianna continúa detenida y enfrenta un juicio con posibles penas de 15 a 30 años.
“Esto es muy fuerte, muy doloroso. Me ha tocado pedir, incluso, hacer rifas para su tratamiento, ya que aquí en el hospital hasta el obturador, que cuesta 15 bolívares, lo tengo que comprar (…) Me ha tocado batallar duro aquí en el hospital y en los tribunales. No hay derecho a castigar así a una familia humilde y sin recursos económicos”, relató Pinto a El Pitazo en entrevista telefónica realizada el 26 de noviembre.
En otro caso, José Bellorín Lárez, detenido en Carúpano, estado Sucre, fue ingresado de emergencia el 4 de agosto en el hospital Santos Aníbal Dominici debido a una crisis hipertensiva que derivó en un probable accidente cerebrovascular (ACV) Según la denuncia, Bellorín necesita exámenes médicos de alto costo para definir su tratamiento, pero no ha recibido el apoyo necesario.
Asimismo, Terris Méndez, detenido en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el 27 de noviembre, que lo inmovilizó y lo dejó sin capacidad de hablar. Su madre, Rosa Escobar, denunció que las autoridades penitenciarias tardaron tres días en informarle sobre el estado de su hijo y que aún no ha sido trasladado a un centro médico, a pesar de su delicada condición.
La ONG recordó que el Estado venezolano tiene la obligación constitucional de garantizar el bienestar y la vida de todas las personas bajo su custodia. En este sentido, exhortó a las autoridades judiciales a darles atención médica inmediata a Pinto, Bellorín y Méndez, y otorgarles medidas humanitarias que les permitan recuperarse junto a sus familias.
“El cumplimiento de este deber no solo aliviaría el sufrimiento de estas personas y sus allegados, sino también sería un acto de compasión que contribuiría a reducir el clima de tensión y zozobra en el país”, afirmó Justicia, Encuentro y Perdón en su comunicado.