La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, compareció ante la subcomisión de asuntos fronterizos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, para presentar un informe sobre los aspectos más relevantes del cierre fronterizo ordenado por el gobernante Nicolás Maduro hace cinco años, el pasado 21 de agosto de 2015, entre los que destaca el fracaso de las zonas militares y de seguridad en la frontera.
De acuerdo con un reporte de Control Ciudadano, las declaratorias de “estados de excepción” sucesivas estuvieron acompañadas de la delimitación de ocho zonas militares para la gestión de todos los estados fronterizos con Colombia, para lo que fueron designados seis generales y dos almirantes, que dependían de Maduro, para establecer “un nuevo orden” en el sector de la frontera asignado para su gestión.
«Quienes apoyándose además en la existencia de 45 zonas de seguridad de instalaciones militares y zonas de seguridad fronterizas en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, limítrofes con Colombia, las cuales representan un 22,92% del territorio nacional ; dieron una pretendida solución militar a los problemas fronterizos, que a cinco años de aquel cierre de la fronteras, ha demostrado su fracaso», señaló San Miguel.
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Asimismo, el reporte de Control Ciudadano destaca que existe una Ley de Fronteras, promulgada el 30 de diciembre de 2015, que no se ha cumplido y que además viola la Constitución.
«Una Ley que viola la constitución al atribuirle el manejo de la política de fronteras en exclusividad al Presidente de la República, cuando por mandato constitucional es competencia del poder público nacional», destaca el reporte de Control Ciudadano.
La ONG recalca, además, que a cinco años del cierre fronterizo con Colombia, ésta se ha convertido en una zona de tránsito y producción de drogas.
«El hallazgo de 18 hectáreas sembradas con plantas de coca, en el suroeste del Municipio Jesús María Semprún, en el Edo Zulia en enero 2016 encendió las alarmas sobre Venezuela como país productor de coca y pone en duda la certificación de país libre de cultivos ilícitos», precisa Control Ciudadano.
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De igual manera, la organización destaca que el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia ha hecho florecer economías ilegales y ha destacado la presencia de los militares como actores de la economía ilegal.
«De la narrativa de los habitantes de la frontera colombo–venezolana y de las denuncias públicas, tres actores aparecen liderando las actividades vinculadas a las economías ilegales: los militares; los funcionarios policiales (FAES, policía nacional, policías estadales, policías municipales y otros cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo funcionarios públicos civiles) y grupos paramilitares y parapoliciales (incluyendo la guerrilla colombiana, paramilitares y colectivos)», destaca Control Ciudadano.
Control Ciudadano establece como propuesta la activación de una instancia internacional que dé respuesta.
«Debe edificarse un mecanismo institucional robusto, de apoyo y protección a los habitantes de frontera, afectados adicionalmente por la crisis humanitaria compleja que está golpeando brutalmente a los venezolanos. Para ellos, la asistencia internacional es urgente», detalla la ONG.
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Asimismo, precisa que debido al impacto en la seguridad regional, es necesaria la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, con la designación de un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana.
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