ONG Cofavic exige a Maduro protección para los habitantes de La Vega

“Situación en La Vega durante el 2021 ha afectado mayormente a la población civil desarmada. Estos hechos deben cesar y hay que iniciar investigaciones que muestren una clara voluntad del Estado de no encubrir casos de crímenes de lesa humanidad”, manifestó la Cofavic mediante un comunicado en rechazo a los asesinatos en medio de enfrentamientos entre funcionarios policiales y bandas delincuenciales

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Foto: Archivo referencial

Caracas.- Cofavic, ONG venezolana que desde 1989 documenta las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, exige al gobierno de Nicolás Maduro una máxima protección para los habitantes de La Vega que constantemente corren peligro por los enfrentamientos entre funcionarios policiales y bandas delincuenciales.

“Los ataques sufridos en la comunidad de La Vega durante el año 2021 ha afectado mayormente a la población civil desarmada. Estos hechos deben cesar y hay que iniciar investigaciones eficientes, independientes y conclusivas que muestren una clara voluntad del Estado de no auspiciar ni encubrir estos graves casos de crímenes de lesa humanidad”, manifestó la Cofavic mediante un comunicado en rechazo a los asesinatos de personas inocentes en medio de los tiroteos.

En enero del presente año, según denunció Cofavic, 20 personas fueron presuntamente asesinadas en La Vega por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) tras “resistencia a la autoridad”.

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Por otro lado, la ONG destaca que el 24 de mayo se reportó una nueva incursión policial en la comunidad de La Vega, en la que presuntamente resultaron heridas tres personas, entre ellas una joven de 16 años que terminó muriendo por impacto de bala en la cabeza.

Un mes después, específicamente el 14 de junio, se registró un nuevo operativo en La Vega en el que dos personas de la comunidad fallecieron a causa de unas “balas perdidas” en medio del enfrentamiento entre funcionarios policiales y bandas lideradas por alias “el Mayeya” y “el Coqui”

“Hasta la fecha, no se conoce si las autoridades comenzaron investigaciones sobre estos casos que se han presentado como presuntas muertes en enfrentamientos o resistencia a la autoridad”, señala la Cofavic en su comunicado de prensa.

La ONG advierte que durante los operativos de seguridad en La Vega se vive una irrupción ilegal y violenta en las viviendas y propiedades privadas, ocasionando la destrucción de los bienes, enseres y fuentes de sustento económico para las familias del sector.

Por todo lo anterior, la Cofavic exhorta al gobierno de Maduro:

1.- Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la Ley.

2.- Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

3.- Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la totalidad de familiares de las víctimas, testigos y sobrevivientes.

4.- Proteger la integridad de las personas civiles que hacen vida en la comunidad de La Vega y zonas contiguas, quienes durante el desarrollo de estos operativos de seguridad ciudadana se han visto afectadas de manera directa e indirecta.

5.- Instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de violaciones de derechos humanos, especialmente en zonas populares.

6.- Cumplir con la recomendación formulada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas referida a la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

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