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domingo, 16 mayo, 2021

ONG Acceso a la Justicia: «Marcaje de casas de pacientes COVID-19 viola DD. HH.»

La ONG Acceso a la Justicia considera que lo ocurrido en Yaracuy es la manifestación de una política de exclusión y discriminación, que afecta a todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en Venezuela

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Caracas.- La ONG Acceso a la Justicia denunció este viernes, 16 de abril, que el marcaje de casas o viviendas de pacientes con COVID-19 por parte de las autoridades municipales o regionales, viola la Constitución y los tratados de DD. HH. suscritos por Venezuela.

Acceso a la Justicia calificó la medida que ejecutaron los alcaldes de los municipios Sucre y San Felipe, en Yaracuy, de estigmatización y persecución contra los pacientes con COVID-19.

«Desde Acceso a la Justicia alertamos que estas medidas de persecución y estigmatización hacia los enfermos de COVID-19 también violan la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Venezuela», denunció la organización en un reporte difundido.

La ONG hizo mención, además, a lo señalado por la alta comisionada de la ONU para los DD. HH., Michelle Bachelet, sobre la necesidad de eliminar toda forma de discriminación, a propósito del Consejo de Derechos Humanos en su edición 46.

«Debemos recordar que el derecho a la salud está consagrado en la artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», añadió la ONG.

Acceso a la Justicia detalló que el marcaje de casas de pacientes COVID-19 viola los artículos 83 y 21 de la Constitución, así como el artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud.

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«Estigmatizar a los pacientes de COVID-19 marcando sus hogares configura una vulneración a su dignidad, de la condición humana de los enfermos, aparte de que los revictimiza, conducta absolutamente ajena al bienestar que el Estado debe proporcionar a los pacientes mediante medidas ciertas y oportunas que brinden una atención de salud digna y debida», advirtió la ONG.

Acceso a la Justicia considera que lo ocurrido en Yaracuy es la manifestación de una política de exclusión y discriminación, que afecta a todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en Venezuela.

Asimismo, califica de oportunidad para exigir una rectificación por parte del gobierno de Nicolás Maduro la investigación anunciada por la Fiscalía General.

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