Caracas.- El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma, en un segundo informe presentado este martes, 16 de mayo, que el gobierno de Nicolás Maduro perpetúa la impunidad y obstaculiza la rendición de cuentas por los presuntos crímenes de lesa humanidad.
“La deliberada falta de transparencia, combinada con el enfoque del Estado de Venezuela de no investigar y, en algunos casos, promover a los funcionarios de alto nivel que presuntamente han cometido estos crímenes, demuestra una clara intención de perpetuar la impunidad y protegerlos de ser enjuiciados”, destaca el documento del panel de la OEA.
El informe resalta que las reformas institucionales que ha presentado Venezuela protegen activamente a los máximos responsables de la rendición de cuentas nacional e internacional, algo que consideran afianza la impunidad y demuestra la falta de voluntad política genuina de buscar justicia por crímenes de lesa humanidad.
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Reformas institucionales propuestas
En una rueda de prensa en La Haya, Santiago Cantón (Argentina) y Joanna Frivet (Mauricio), miembros del panel, advirtieron de “la urgente necesidad de que actúe” el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, porque las reformas institucionales propuestas en Venezuela son superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis.
Además, el panel de expertos detalla en el documento las reformas. A juicio de ellos, varias de estas enmiendas violan la Constitución venezolana, erosionan el sistema judicial y socavan la capacidad de investigar y procesar a los presuntos autores de los crímenes.
“No crean mecanismos de rendición de cuentas eficaces y viables para llevar a los presuntos autores ante la justicia y no establecen recursos accesibles y transparentes, ya sean judiciales, administrativos o cuasi-legales, para las víctimas”, sentencia el informe sobre las reformas institucionales.
Acusaciones contra Calixto Ortega y Diosdado Cabello
El panel de la OEA nombró dos casos de lo que consideró un “problema generalizado”: los presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
Los expertos acusan al actual embajador venezolano en Países Bajos, Calixto Ortega, de haber colaborado activamente en la comisión de crímenes con detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron que los dirigentes políticos Gilber Caro y Juan Requesens estuvieran presos sin fundamento jurídico.
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Ortega también es magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2015 y, como embajador en La Haya, es jefe de la misión diplomática venezolana ante la CPI.
El segundo ejemplo que resalta el panel es el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“(…) una de las personas que podrían tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad: de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual”, resume el panel en su segundo informe.
Supuestamente, Diosdado Cabello dio la orden de cometer los citados crímenes al director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López.
Autores de alto nivel
El fiscal de la CPI, Karim Khan, está en espera de una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con la investigación sobre Venezuela.
Al respecto, el panel de la OEA instó al fiscal Khan a centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad e incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad.
“El panel encuentra que el Estado de Venezuela ha fracasado continuamente en demostrar su voluntad de llevar adelante la investigación y el enjuiciamiento de los perpetradores de medio y alto niveles”, precisa el documento.
La OEA nombró este panel de expertos en 2017 para determinar si se debe llevar al Gobierno venezolano ante la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en audiencias públicas por representantes de la sociedad civil y militares exiliados.
El panel emitió su primer informe en mayo de 2018 e indicó que había una base razonable para creer que los supuestos actos perpetrados contra la población, desde el 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Con información de EFE.