El Ministerio de Vivienda y Hábitat del gobierno de Nicolás Maduro decidió aumentar su control sobre los urbanismos construidos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La medida fue tomada después de la elección presidencial del 28 de julio y de las posteriores protestas por los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador al actual mandatario sin dar cifras detalladas.
A través del viceministerio para el Desarrollo Integral en los Urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que dirige hoy Carolina Cestari, se realizan, desde mediados del mes de agosto, asambleas con los actuales voceros de los urbanismos para dar a conocer lo que ha definido el ministerio como «la nueva gobernanza del hábitat comunal instruida por el Presidente Nicolás Maduro».
En esas asambleas se notifica a los actuales voceros que los Comités Multifamiliares de Gestión, especie de juntas de condominio que funcionan en los urbanismos de la GMVV, quedaron sin efecto y que deberán ser electos nuevos representantes.
Estos voceros deben cumplir con requisitos específicos y comprobables: ser militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo el 28 de julio. Además, no ser señalado por ningún vecino como «guarimbero» o haber participado en protesta alguna.
Igualmente se les ha anunciado que los urbanismos ya no serán administrados por sus residentes, sino a través de la figura de Inmobiliaria Nacional. Así mismo informaron que la venta o alquiler de los apartamentos está prohibida. Incluso, en los casos de las viviendas que fueron pagadas ante la Inmobiliaria Nacional para pasar de adjudicatarios a propietarios.
Asambleas con lineamientos
Hasta este 11 de octubre se habían realizado asambleas en cinco estados: Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda, Lara y en Distrito Capital. De acuerdo con vecinos de estos urbanismos y trabajadores del propio despacho ministerial de Vivienda y Hábitat, que han compartido su versión con El Pitazo, estos lineamientos son la respuesta a los resultados electorales de los centros de votación ubicados en estos urbanismos, que «por primera vez no fueron a favor del oficialismo».
Además, tras los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron por ganador a Nicolás Maduro, muchos urbanismos fueron foco de protestas.
«Aquello de que aquí cabemos todos y todas ha desaparecido. Se ha decidido que las vocerías de todos los comités multifamiliares de gestión las constituyan exclusivamente chavistas y, de paso, sin máculas de descontento o criticidad. Pareciera una decisión alucinada para esta coyuntura que vivimos o de alguien que no patea las urbanizaciones de la Misión Vivienda para que conozca el descontento», refirió un vocero identificado con el oficialismo, y quien acudió el pasado miércoles 2 de octubre al encuentro desarrollado en el litoral central venezolano, en el auditorio de la Universidad Marítima del Caribe en Catia La Mar.
En ese evento participó la viceministra Cestari y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez Maldonado (PSUV). La persona que dio esta información a El Pitazo solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias.
El mismo vocero indicó que durante el encuentro recordó la vigencia del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de la Propiedad de Vivienda, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 6.021, bajo el número 8.143 de fecha 06 de abril de 2011, que es violentado con todas estas nuevas exigencias político partidistas en un programa social de garantía de vivienda.
Sin voz o propiedad
Las nuevas medidas para los urbanismos de la Gran Misión Vivienda tienen peso para los asistentes a las asambleas al ser presentadas por la viceministra Cestari, quien cuenta con una larga trayectoria en la administración de Nicolás Maduro.
Cestari fue presidenta de la Fundación Radio Asamblea Nacional y asistente de Cilia Flores cuando presidió el poder legislativo nacional. Además fue jefa del Gobierno del Distrito Capital, viceministra de la Suprema Felicidad y diputada electa a la Asamblea Nacional en 2020.
«Uno se siente amedrentado porque te dicen que el apartamento no es tuyo, así tú hayas pagado y tengas un título de propiedad. En mi caso se pagó el apartamento a la Inmobiliaria Nacional y dice que lo puedo vender en un lapso de veinte años después de su adjudicación. A mí me adjudicaron en 2003, entonces desde el año pasado puedo hacer uso de ese apartamento como mejor me parezca. No pueden venir a amenazar a uno, exigiendo lealtad a cambio de la vivienda», relata una residente de uno de los urbanismos ubicados en el estado Aragua, cuya identidad es protegida. La asamblea del bloque al que pertenece su vivienda asamblea se llevó a cabo a mediados del mes de septiembre.
Lo mismo comentaron voceros que acudieron al encuentro con Cestari, el 8 de octubre, en el eje Guarenas – Guatire en el estado Miranda.
«Es una asamblea informativa, pero no para hablar de problemas o buscar soluciones a la falla de servicios. Es una reunión para decirte que será la Inmobiliaria Nacional la que resolverá todo, es decir, no tenemos ni voz ni voto en lo que pase en el urbanismo. Y por otro lado el tema político. Quieren que señalemos a quienes han liderado mejoras, solo por ser opositores a Nicolás Maduro», aclaró la vecina, quien tampoco desea ser identificada con su nombre.
El Pitazo solicitó ante el Ministerio de Vivienda una posición ante esta información, sin haber sido atendida la solicitud hasta el momento de publicación de la misma.