Gobierno y oposición pelean por el reconocimiento internacional de los países, instituciones y organismos; y la Unión Interparlamentaria (UIP) no escapa de estar en el medio de la pugna.
Esta instancia, que congrega a 179 parlamentos del mundo, ha estado en medio del debate a raíz de dos reuniones que sostuvo la semana pasada. El pasado 10 de abril se reunieron, de forma virtual, con la diputada electa en 2015 Delsa Solórzano y el 11 de abril con una delegación encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, que viajó hasta Ginebra, Suiza, sede de la UIP.
Solórzano, quien es primera vicepresidenta del Grupo de América Latina y del Caribe (Grulac-UIP) y miembro de su Comité de Derechos Humanos, reiteró las denuncias sobre agresiones a los opositores mientras que los oficialistas insistieron en denunciar lo que consideran son las consecuencias de las sanciones.
¿A quién reconoce la UIP?
Aunque después de esta reunión, los diputados electos en los cuestionados comicios del pasado 6D aseguran que fueron reconocidos, lo cierto es que no hay ningún pronunciamiento oficial del organismo.
De hecho, en su página oficial aparece Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional aunque también es cierto que aparece Fidel Vásquez, quien fue secretario de la Asamblea Nacional durante el período 2010-2015 y de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y actualmente es diputado electo el 6D.
Por cierto, esta búsqueda de reconocimiento de la UIP no es nueva y tampoco la relación de tirantez.
En marzo de 2018 una delegación de la ANC viajó a Ginebra. No sólo no fueron reconocidos como parlamentarios sino que les retiraron las credenciales por haberse hecho pasar por periodistas, según denunció en su momento Delsa Solórzano.
Ángel Medina, dirigente político y quien fue diputado en el Parlamento Latinoamericano, dice que la UIP conoce, de primera mano, lo que ocurre desde hace años en el país y que de hecho, ha generado varios pronunciamientos al respecto.
Medina, que califica al organismo como “plural y diverso”, considera que habrá que esperar hasta la Asamblea de la UIP, que se realizará del 24 al 28 de mayo, y en la que debe acreditarse una delegación por Venezuela. Ése, para él, será el momento de saber a quien reconoce la UIP.
Por su parte, Solórzano no le da importancia a la reunión que sostuviera la delegación de la Asamblea controlada por el chavismo con Duarte Pacheco y Martín Chungong, presidente y secretario general respectivamente de la UIP.
“Según sus estatutos, la UIP debe recibir tanto a víctimas como a victimarios”, dijo.
Además, recuerda que Duarte se reunió, en Madrid, el pasado 13 de marzo con diputados en el exilio donde escuchó los testimonios de los parlamentarios que debieron salir del país.
Invitación por partida doble
En enero de 2016, recién la oposición asumió el control del parlamento, se hizo la primera solicitud, vía carta, para que las autoridades de la UIP visitaran el país. Solicitud que luego fue ratificada de forma presencial cuando viajaron Solórzano y el fallecido Darío Vivas, quien se comprometió en su momento a gestionar el permiso de ingreso al país de la misión, cosa que nunca ocurrió.
En 2017 el gobierno de Nicolás Maduro negó las visas y el ingreso al país de la misión.
Ahora, en 2021, la UIP tiene dos invitaciones: la girada por Juan Guaidó y la que dejó en la mesa Jorge Rodríguez.
Sólorzano explicó que el proceso a continuación será la conformación de una delegación “independiente y plural” que cumpla con el visto bueno de las dos partes.
Agregó que aunque la UIP cuenta con informes, esperan que viaje para verificar in situ la violación de derechos humanos de los parlamentarios.
La UIP registra a Venezuela como el país con más denuncias de agresiones a parlamentarios. No solo los electos en 2015. Conserva además las denuncias de diputados del período 2010-2015 como María Corina Machado.
En sus estadísticas, cerca de 140 parlamentarios entran en su calificación de “peligro”.
En las conclusiones de su más reciente informe instan, una vez más, a las autoridades venezolanas a que “pongan fin de inmediato a todas las formas de acoso contra los parlamentarios elegidos en 2015, a fin de garantizar que todas las autoridades estatales pertinentes respeten sus derechos humanos, e investiguen y establezcan plenamente la rendición de cuentas por las denuncias de violaciones de sus derechos”.
Muestran preocupación por la impunidad ante las denuncias de violación de derechos humanos y reafirman además, la disposición de la UIP a ayudar en cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la democracia en Venezuela
También resolvieron seguir examinando el caso Venezuela.