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sábado, 25 junio, 2022

Ni un céntimo por arrime de caña han recibido los productores

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La industria procesadora de caña de azúcar está en manos del Gobierno Nacional | Foto: Archivo
La industria procesadora de caña de azúcar está en manos del Gobierno Nacional | Foto: Archivo

Por Bianile Rivas
Más de un mes de espera para el pago de subsidio aplicable a la zafra 2014-2015 tienen los productores de caña de azúcar de todo el territorio nacional, estimado a razón de 16,41 Bs por cada kilogramo producido y arrimado a la industria, aunque aún no haya sido publicado en Gaceta Oficial por parte del Ministerio de Agricultura y Tierra.

La abogada Angelina Sequera, asesora de los cañicultores de Portuguesa, se encargó de recordar que el monto de dicho subsidio y la orden de pago había sido emitida por el primer mandatario, Nicolás Maduro, el pasado 29 de septiembre del año en curso en alocución presidencial ante la presión de los agremiados. A la fecha, nada se sabe de los recursos, de a gaceta ni del cronograma de pago, subrayó.
Recordó también Sequera que los productores también tienen pendiente, por parte de la industria, el pago de las duda por concepto de grado de acidez y excedentes de producción. El 3 de agosto del corriente se firmó el acta compromiso y nada que se cumple, dijo. Cabe indicar que la industria procesadora de caña de azúcar está en manos del gobierno nacional, pues 10 centrales azucareros son regentados bajo modalidad de intervención y expropiación por la Corporación Venezolana Agraria Azúcar Sociedad Anónima (CVA Azúcar SA).
Ante el conflicto que mantienen los productores y trabajadores del Central Azucarero Santa Elena, con sede en la capital del municipio Agua Blanca, al norte del Estado Portuguesa, Sequera anunció que para este miércoles 4 de noviembre se prevé una mesa diálogo con el Ministerio de Agricultura y Tierra, la gerencia y directiva de CVA Azúcar SA y el alcalde Primitivo Cedeño, en la sala de productores de dicha factoría.
En la actualidad, trabajadores del Central Santa Elena mantienen tomadas las instalaciones demandando el pago de deudas y rechazando la gestión del General Wilfredo Silva, presidente de la junta interventora y a quien le exigen la renuncia, dado que ya se venció el lapso previsto para la liquidación de la empresa y no fue transparente su gestión.

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