Siete muertos y 80 desaparecidos dejó ataque a la población pemón en febrero

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Caracas. En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, de este martes 9 de abril, la comisión mixta que investiga lo ocurrido en la población pemón el pasado mes de febrero consignó un informe sobre la visita que realizaron a Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. El grupo documentó las violaciones de los derechos humanos que se registraron durante cinco días, mientras se exigía el ingreso de la ayuda humanitaria a través de la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil.

El informe, presentado por la diputada Dennis Fernández, presidente de la Comisión de Política Interior, detalla que el ataque armado de la guardia nacional y grupos irregulares dejó siete fallecidos, 80 desaparecidos, 57 heridos por armas de fuego, más de un centenar de desplazados a Boa Vista, 62 privados de libertad y 651 estudiantes de educación primaria y secundaria afectados por el cierre fronterizo. El alcalde de la Gran Sabana, Emilio González, también salió del país por las amenazas que recibía.


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A inicios del mes de marzo, las comisiones de Política Interior, Pueblos Indígenas y Régimen Penitenciario de la AN entrevistaron a los familiares de los fallecidos, quienes, aún con miedo, pidieron justicia e indemnización por parte del Estado.

José Elsy Pérez (pemón), José Barrios, y José Hernández fallecieron el 23 de febrero, Zoraida Rodríguez (pemón) murió el 22 de febrero y el 27 de febrero, Kliber Pérez (pemón). Rolando García (pemón) murió el 2 de marzo, tras varios días en estado crítico, y al día siguiente falleció Javier González.

80 adultos desaparecidos

Sobre los 80 desaparecidos, Fernández refirió que todos pertenecen a la etnia pemón y son adultos. “Sus familiares no saben si están vivos o muertos”, expresó al tiempo que exigió al Ministerio de Defensa que retire todas las fuerzas de seguridad, regulares o no, de Santa Elena de Uairén que han amedrentado y afectado las actividades de los indígenas.

Esto no se puede quedar así. La idea no es esconderse, sino que haya justicia”, fue uno de los testimonios que tomó la comisión mixta de la AN. Otro detallaba que nunca habían visto una tanqueta, “mucho menos disparando”. Sus únicas armas eran un arco y una flecha.

Casilda Rodríguez, una indígena pemón, expresó a los parlamentarios que Maduro solo ha “esparcido mentiras” sobre lo ocurrido en Santa Elena de Uairén y en la comunidad de Kumarakapay. A su lado se encontraba la hermana de Zoraida, quien lloraba y solo alcanzaba a lamentar su fallecimiento. Precisamente en la vivienda de Zoraida, cuyas paredes se encuentran perforadas, Kliber y Rolando recibieron los impactos de balas.

Denunciar ante la Cidh

En las consideraciones de la comisión mixta se encuentran exigir a los ministerios de la Defensa e Interior y Justicia respetar la existencia de la población indígena, como lo refiere el Capítulo VIII de la Carta Magna, cuyos artículos se han violado de forma sistemática, de acuerdo con Fernández.

De igual forma, exhortan al Parlamento a denunciar esta situación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, ante el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Organización de Estados Americanos y en los Parlamentos de la región y del continente europeo.

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El diputado Franklyn Duarte, quien formó parte de esta misión legislativa, responsabilizó directamente al gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, por haber llevado en un autobús a grupos civiles armados para acabar con una población indígena.

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