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domingo, 16 junio, 2024

Misión Independiente sobre Venezuela: represión se enfoca en miembros de la sociedad civil

En la actualización sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, destacó que persisten, y en algunos casos se incrementaron, los ataques contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela

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Caracas.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió el miércoles sobre la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, donde la represión en los últimos años se enfoca en miembros de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno de Nicolás Maduro.

En la actualización sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, destacó que persisten, y en algunos casos se incrementaron, los ataques contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.

«En el presente continúan produciéndose graves violaciones de derechos humanos en Venezuela (…) entre ellas, la detención de personas opositoras o consideradas tales (…) En años recientes, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno», destacó Valiñas.

La presentación de la misión se registró 24 horas después de que el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, destacara el martes que espera resultados de las investigaciones con las que se comprometieron las autoridades en Venezuela en casos de muerte, tortura y otro tipo de maltratos, en el contexto de detenciones arbitrarias

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La vocera de la misión destacó que el equipo designado por la ONU documenta la persistencia de ataques contra sindicalistas, periodistas, personal y activistas humanitarios, y dirigentes políticos.

Detenciones selectivas

De acuerdo con la misión, 282 personas -civiles y militares- permanecen detenidas por causas políticas. «Se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo», apuntó Valiñas.

«Se continúan recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como de dificultades para acceder a alimentos, tratamiento médico, restricciones para el acceso de familiares y abogados, y constantes violaciones al debido proceso», resaltó la representante de la misión.

Valiñas aludió al caso del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido en julio de 2021 y permanece recluido en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«La salud física y psicológica de Javier Tarazona sigue deteriorándose», advirtió Valiñas.

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La misión también destacó que en el último año, la persecución contra lideres sindicales se intensificó. Valiñas mencionó las detenciones de los seis activistas sindicales Gabriel Blanco y Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reinaldo Cortés y Alonso Meléndez, quienes enfrentan cargos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

Desmovilización ciudadana

La misión resaltó que las graves violaciones de derechos humanos, documentadas desde 2019 y detalladas en tres informes, así como la ausencia de investigaciones y sanciones por parte de las autoridades venezolanas, produjeron un efecto inhibidor de las protestas, a pesar de los niveles de conflictividad social en el primer trimestre de 2023.

«Violaciones graves de derechos humanos y delitos descritos en informes anteriores, y la ausencia de investigación y sanción a autores, parecen haber producido un efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población y desmovilizar la disidencia«, advirtió Valiñas.

Asimismo, la misión destacó que de aprobarse el proyecto de ley sobre regulación a las ONG, ese instrumento legislativo consolidaría un control abusivo por parte del Estado para incidir en la existencia, actividad y financiamiento de las ONG en Venezuela.

CPI y Misión Internacional

Valiñas resaltó que la misión y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) coinciden en que las reformas legales e institucionales vinculadas con el sistema judicial son insuficientes y de implementación limitada.

La misión reiteró que en sus últimos informes concluyó que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y otros malos tratos en centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar.

«La prueba recibida sustentó, con motivos razonables para creer, que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes», añadió Valiñas.

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La misión puntualizó que en ese contexto, los procesos ante la CPI representan un avance sustancial para «asegurar una rendición de cuentas en Venezuela».

Valiñas reiteró la disposición de la misión para dialogar con las autoridades venezolanas y recibir su autorización para ingresar al país.

«La misión continuará documentando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa las violaciones manifiestas de los derechos humanos con el propósito de combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas», dijo Valiñas.

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante la resolución 42/25, designó a la Misión Internacional Independiente para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014.

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