El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos, publicado este 16 de septiembre, revela que el sistema judicial venezolano no es independiente y que ha sido usado por el gobierno de Maduro para cometer violaciones de los derechos humanos contra quienes se oponen al gobierno.
El escrito detalla cómo las deficiencias del sistema de justicia coinciden con un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, especialmente desde 2014, cuando el gobierno de Maduro enfrentó protestas en todo el país.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Este informe es el resultado de 177 entrevistas, en las que participaron actores del sistema de justicia, acompañado de una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogados defensores venezolanos. También se realizó con base en miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales e informes de la detención de 183 personas, entre 2014 y 2021 (mitad civiles y mitad militares), señaladas por el gobierno como opositores.
La Misión investigó casos en los que los organismos de inteligencia participaron en desapariciones forzadas de corta duración, tortura, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales durante 2020. Sin embargo, señala que el Estado no ha investigado estas violaciones cuando se trata de personas señaladas de opositores al gobierno de Maduro.
“No se encontró evidencia de que funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que se haya investigado desde entonces”, señala el documento.
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