Caracas.- La Misión de Determinación de Hechos designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos su quinto informe sobre la situación en Venezuela. El grupo de investigadores concluyó que la maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como persecución política.
En la presentación del informe, la presidenta de la Misión Internacional de Determinación de Hechos, Marta Valiñas, resaltó que la situación en Venezuela, sobre todo a partir del 28 de julio, se ha convertido en una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia reciente del país. «Las graves violaciones de derechos humanos y delitos se siguen cometiendo mientras presentamos nuestro informe ante este Consejo», dijo.
«La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas, la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto», agregó.
Represión postelectoral
La Misión alertó sobre el incremento de la represión y la persecución política desde el 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció, la madrugada del 29 de julio, el primer boletín de resultados de la presidencial sin evidencia para reportar la victoria del gobernante Nicolás Maduro.
«La ola de protestas ciudadanas que siguió al anuncio fue reprimida con una violencia inusitada. Según fuentes de las organizaciones de la sociedad civil, entre el 29 y el 31 de julio, se registraron 915 protestas en todo el país. La Misión investigó y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones ciudadanas. 24 de ellas murieron por disparos de armas de fuego», destacó Valiñas acerca del informe.
De acuerdo con el informe, la Misión aún no tiene evidencia suficiente para atribuir autoría por las muertes registradas en las protestas que fueron reprimidas. Sin embargo, el grupo de investigadores alerta sobre la actuación de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
«En varios de estos casos, la Misión alcanzó a documentar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas. Estos cuerpos de seguridad en ocasiones estaban acompañados de grupos de civiles armados que también disparaban armas de fuego contra manifestantes», reforzó Valiñas.
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Detenciones y desapariciones
El grupo de investigadores resaltó que tras el 28 de julio documentó casos de personas detenidas, incluidas personas con discapacidad y periodistas, y algunas víctimas de desaparición forzada de corta duración, sometidas a torturas, tratos crueles y degradantes, así como actos de violencia sexual y basada en género.
«Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado y ejecutado a través de diversas modalidades de represión para desalentar, silenciar y anular a la oposición política y las voces críticas al gobierno de Nicolás Maduro o quienes reclaman transparencia en los resultados electorales (…) En este último mes y medio, la Misión alcanzó a documentar 143 detenciones, incluidos 66 militantes o dirigentes de 7 partidos de oposición», precisó Valiñas.
La Misión documentó, además, la detención de al menos 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas), «un fenómeno nunca antes registrado con tal alcance».
«Estas niñas y niños fueron detenidos después de las protestas e imputados por graves delitos como terrorismo e incitación al odio. Pendiente de profundizar en esta investigación, la Misión ya ha podido documentar graves violaciones a los estándares internacionales de protección de la niñez», continuó.
Llamado internacional
La Misión concluyó que la situación de crisis de derechos humanos en Venezuela, agudizada desde el 28 de julio, representa una «continuación de la misma línea de conducta» del Estado venezolano, que fue caracterizada por el grupo de investigadores en los cuatro informes anteriores como crímenes de lesa humanidad.
«La Misión entiende que algunas de las violaciones documentadas durante todo el marco temporal de su mandato, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, así como otras violaciones de derechos fundamentales, entre estos la libertad de asociación y reunión, y la libertad de expresión, consideradas en su conjunto constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos», detalló Valiñas.
Asimismo, el grupo de investigadores señaló que la Ley para la fiscalización de las ONG, aprobada por el Parlamento de mayoría chavista, «es un mecanismo más para reprimir e impedir el trabajo de los defensores de derechos humanos y, además, privar de información vital» al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«La comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan no queden en la impunidad y para dar aliento a las víctimas, asegurando que puedan obtener justicia», añadió Valiñas.
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