Militares mantienen el control del Ministerio de Alimentación en la Venezuela de la escasez

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Una investigación publicada este domingo en Armando.info revela que al menos 36 oficiales del Ejército ocuparon cargos directivos en nueve empresas públicas de alimentos y manejaron un poco más de 500 millardos de bolívares para la importación, producción y distribución de comida, un bien que se volvió escaso en el Gobierno de Nicolás Maduro

Los cinco ministros de Alimentación de Maduro no son los únicos responsables de las decisiones en materia alimentaria
Los cinco ministros de Alimentación de Maduro no son los únicos responsables de las decisiones en materia alimentaria

Por Arysbell Arismendi

Un grupo de al menos 36 oficiales superiores del Ejército se convirtió en una élite que concentró designaciones en el Gobierno de Nicolás Maduro, no solo para los cargos de ministro y viceministros, sino para otros como los de directores principales y suplentes de juntas directivas de nueve empresas públicas, que durante el período manejaron un poco más de 500 millardos de bolívares para una actividad principal: la importación, producción y distribución de alimentos en Venezuela.

Una investigación realizada a partir de la revisión de  más de 1.250 documentos públicos –entre ellos Gacetas Oficiales y Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación difundidas entre enero de 2013 y mayo de 2016 y las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela–, permitió identificar los nombramientos de los integrantes de ese grupo selecto que además de tener responsabilidades en las compras y ventas tuvo otras misiones como las de diseñar y evaluar las políticas públicas en materia alimentaria. El cruce de información reveló que 12 de los 36 militares fueron designados por compañeros de promoción que ostentaban, en su condición de ministros, la titularidad del órgano ejecutivo. Algunos de los oficiales llegaron a tener hasta cuatro cargos directivos al mismo tiempo y otros han circulado por al menos nueve posiciones en los tres años que acumula Maduro en el poder.

Las importaciones públicas de alimentos se transformaron en la última década en una parte esencial de la estrategia gubernamental para atender las necesidades de la población. Lo que comenzó con la presidencia del fallecido Hugo Chávez –durante la cual se quintuplicaron a partir de 2010 con respecto a 2005– continuó con la gestión de su discípulo político. Solo en 2015 las compras más allá de la frontera sobrepasaron los 5 millones de toneladas, según datos oficiales: este número representa la cifra más alta de los últimos doce años. La dependencia de productos extranjeros ha sido criticada no solo por detractores del gobierno, sino también por expertos y por industriales nacionales que se han quejado de que no han dispuesto de divisas para cancelar deudas con proveedores internacionales lo que, según han afirmado, les ha impedido producir dentro del país al ritmo que necesitan.

Hoy, con el descenso de los precios petroleros, la compra de alimentos por parte de los venezolanos se ha transformado en un calvario. Los saqueos se han convertido en un fenómeno común y cientos de miles de ciudadanos moran en larguísimas filas con la esperanza de conseguir algo para servir en la mesa, no comen para dejar a sus hijos o esperan por una bolsa de comida con cuatro o cinco productos subsidiados: «La poca disponibilidad se debe a los controles de precio, a las expropiaciones de las unidades agrícolas que ahora están en manos del Estado con nada o muy poco que producir; al control del tipo de cambio y a las dificultades para la importación de materia primas impuestas al sector privado», dice Alejandro Gutiérrez, economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, quien en el corto plazo solo avizora como única solución nuevas y masivas importaciones para apañar lo que muchos califican de crisis humanitaria. Si ocurre como pronostica, el Ministerio de Alimentación y sus funcionarios estarán en el centro del asunto.

 

Para conocer los nombres del grupo selecto de militares, acceda a la investigación completa aquí

Esta investigación fue realizada con la utilización de la aplicación de liberación de datos públicos vendata.org, proyecto tutelado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Transparencia Venezuela.

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