Caracas.- En la agenda de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, durante su visita al país, estaba previsto un encuentro con la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia este viernes 21. En la reunión, los representantes de esta organización lograron conversar con Bachelet acerca de los 881 presos políticos que actualmente hay en el país.
El encuentro sirvió para que se analizaran las detenciones arbitrarias y las torturas registradas en el país. La ONG expuso tres casos de familiares de presos políticos ante Bachelet, quien además dialogó con más de 50 familiares de víctimas.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia detalló que de los 881 presos políticos, 210 son militares y 671 son civiles, datos que llamaron la atención de Bachelet, quien se se sintió identificada con el drama que le iban narrando debido a que su padre fue un militar desaparecido y asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet.
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“Además de la alta cifra que tenemos registrada, llama poderosamente la atención los casos de tortura, que se han venido incrementando en los últimos meses”, señaló el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alonso Medina Roa. Este activista reveló además que «en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de los órganos de justicia”. Por este motivo le solicitó a la Alta Comisionada que preste especial atención a esta situación y visite los centros de reclusión y de tortura.
Por su parte, Yocelyn Carrizales, esposa del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, expuso en el encuentro que actualmente tiene tres meses sin poder comunicarse con su esposo, que se encuentra privado de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por lo que solicitó una fe de vida, porque teme por la integridad física de su cónyuge.
A su vez, Michelle Morales aprovechó la oportunidad para abogar por la libertad de su padre, el general de brigada Nelson Morales, y de los demás presos políticos militares. Denunció también que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encuentra un gran número de militares abandonados que han sido víctimas de crueles torturas, lo que representa una clara violación de los derechos humanos.
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